Los nuevos requisitos promoverán residencias de menor tamaño, con más personal, habitaciones individuales y apoyos más personalizados, lo cual "ayudará a "transitar hacia un modelo de cuidados más humanizado y acogedor", indicó en un comunicado.

Por ello, Plena inclusión aplaudió esta decisión y "la mejora que supondrá en la vida de las personas que actualmente viven en macroresidencias y grandes instituciones", aunque defendió "un modelo más ambicioso que promueva la transición de entornos residenciales hacia viviendas en la comunidad, donde las personas con discapacidad intelectual, TEA y parálisis cerebral tengan oportunidades de relacionarse con su vecindario y de acudir a comercios, asociaciones y lugares de ocio en el barrio".

Asimismo, recuerda que la confederación señaló que el acuerdo debe estar dotado de recursos suficientes, a fin de asegurar la sostenibilidad de las entidades sociales y paliar los sobrecostes que "ponen en riesgo a un sector esencial para la defensa de los derechos de las personas con discapacidad".

PROYECTO MI CASA

Desde 2018, Plena inclusión desarrolla un proyecto de innovación social denominado ‘Mi Casa, una vida en comunidad’, que promueve un modelo de cuidados en el que las personas realizan esa transición desde residencias a viviendas en vecindarios de pueblos y ciudades, con apoyos individualizados.

La iniciativa tiene carácter experimental, y no solo busca ese mero traslado, sino acompañarlo de apoyos y relaciones estables en los barrios para lograr una verdadera inclusión de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. En este sentido, desarrolla nuevas figuras como las de “conectores comunitarios”, cuyo papel es trabajar con el entorno cercano a esas viviendas para favorecer la inclusión.