En un comunicado, denunció que esta convocatoria de 234 plazas reservadas para personas con discapacidad intelectual en oficinas de la administración del Estado “no respeta las mínimas condiciones de accesibilidad cognitiva”, ya que la oferta, que acaba de convocar el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, exige que la inscripción al examen se haga mediante certificado digital.

En el pliego de condiciones de esta convocatoria se especifica que –según lo establecido en el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos- “las solicitudes y, en su caso, las subsanación y procedimientos de impugnación de las actuaciones en el proceso selectivo, deberán presentarse obligatoriamente por vía electrónica, siendo necesario como requisito previo para la inscripción el poseer un certificado digital válido de persona física”.

A juicio de Plena inclusión, la medida impuesta por la Administración de obligar a obtener un certificado digital y realizar la inscripción de forma telemática es completamente inaccesible para personas con dificultades de comprensión, y vulnera su derecho a poder inscribirse y participar en la convocatoria por sí mismas.