El texto también denuncia la falta de medidas de accesibilidad cognitiva en la información y la atención a niñas y mujeres con discapacidad intelectual, señalando las barreras que encuentran las mujeres con discapacidad para "identificar, denunciar y recibir apoyo" cuando sufren violencia de género.

Plena Inclusión puso de manifiesto que la evaluación del anterior Pacto de Estado "no recoge" qué medidas se han realizado para asegurar la accesibilidad de los servicios de información, asesoramiento y orientación gratuitos.

Tampoco recopila, según denuncia la entidad, la formación que han recibido los profesionales de estos servicios para poder atender de forma fácil de entender a las niñas y a las mujeres con dificultades de comprensión.

Por ello, reclama que se incluyan en el Pacto de Estado “políticas públicas que eviten, por ejemplo, que las mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo se vean sometidas a métodos anticonceptivos sin su conocimiento o incluso contra su voluntad, en ocasiones, como requisito de obligado cumplimiento para poder acceder a una plaza pública o concertada”.

PROPUESTAS CONCRETAS

El documento presentado desglosa aportaciones organizadas por los ejes y medidas del propio Pacto de Estado, como crear acciones de sensibilización que ayuden a identificar la violencia en las mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo, como recursos que "les permitan a ellas mismas identificar la violencia que sufren" o crear "contenidos curriculares accesibles en todo el ciclo evolutivo".

Se pide la elaboración de Protocolos de actuación y de comunicación entre los diferentes agentes implicados en la atención a mujeres para conseguir respuestas integrales que aúnen la perspectiva de género y de discapacidad.

También, piden facilitar apoyos personales a las mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo que les permitan, acceder a la información, garantizar un vehículo de expresión y poder realizar procesos de toma de decisiones adecuados, a lo largo de todo el proceso de atención a mujeres víctimas de violencia de género.

Otra de las propuestas es establecer as Unidades de Valoración Forense Integral "en el plazo máximo de dos años", de las que podrán formar parte psicólogos y trabajadores sociales, y que "asistirán a los jueces y juezas en la valoración del riesgo" con suficientes profesionales especializados en discapacidad intelectual o del desarrollo, entre otras funciones.

El objetivo es "garantizar la presencia de un facilitador procesal", cuando sea necesario y promover la constitución de un grupo de trabajo en el que participe una representación de los profesionales del sistema judicial para la revisión exhaustiva. Cuando sea necesario, se solicita la reforma de los protocolos vigentes para que "incorporen la perspectiva de la discapacidad".

Por último, Plena inclusión reclama avanzar en el conocimiento de la realidad de la violencia de género en las mujeres y niñas con discapacidad intelectual o del desarrollo, con medidas que promuevan que la recogida de datos sobre violencia de género y que ésta se realice "desagregada por tipos de discapacidad".