En un comunicado destacó que "este paso adelante debe ir acompañado de un compromiso por parte del Gobierno central y de las comunidades autónomas" de garantizar los recursos necesarios para aplicar "todas las medidas que contempla la ley".

“Hoy nadie discute la necesidad de poner rampas, del uso del braille o de la lengua de signos. Sin embargo, se ha tardado años en reconocer la accesibilidad cognitiva como un derecho”, declaró Maribel Cáceres, vicepresidenta de Plena inclusión España, y una de las líderes de la Plataforma Estatal de Representantes de las Personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo.

Según el presidente de Plena inclusión España, Santiago López, “los poderes públicos deben comprender la trascendencia de unas medidas que facilitarán a más de 300.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo que residen en nuestro país una mejor comprensión de la realidad y un mayor acceso a los derechos que asisten al resto de la ciudadanía”.

"No hay que olvidar que, al garantizar el derecho a la accesibilidad cognitiva, se ayuda a entender mejor la realidad a otras 500.000 personas con problemas de salud mental y a buena parte de los casi nueve millones de personas mayores que residen en España", recalcó.

La Organización Mundial de la Salud cuantifica en 1 de cada 3 personas en el mundo los posibles beneficiarios de esta accesibilidad, y destacó que el artículo 9 de la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad insta a los países firmantes a avanzar en la accesibilidad como un derecho que hace posible que las personas con discapacidad y otros colectivos puedan participar y disfrutar del entorno social, cultural, laboral y económico de su comunidad.