La decisión responde a la petición de organizaciones y asociaciones, entre ellas Plena inclusión Madrid, que lleva meses "alertando" al Gobierno regional sobre "el deterioro de la calidad educativa" del alumnado con discapacidad intelectual o del desarrollo como consecuencia de dicha resolución.

En noviembre de 2023, Plena inclusión Madrid mantuvo varias reuniones con el viceconsejero de Política Educativa en las que "advirtió de las consecuencias negativas" que podía tener para el alumnado el funcionamiento de la Comisión Técnica Interterritorial (CTI). Además, señaló que “no se garantizaba el derecho que tienen todos los niños a recibir una atención de calidad”.

Por ello, la Federación considera “muy positivo” el anuncio realizado por el consejero Emilio Viciana en el Pleno de la Asamblea de Madrid, que se produce “tras escuchar la postura y las diferentes peticiones del tejido educativo de la discapacidad intelectual y de las familias”.

Tal y como ha especificado Viciana, la Comunidad de Madrid “ha esperado a finalizar el curso para tomar esta decisión y aplicará los nuevos criterios a partir del próximo curso 2024/2025”.

De cara al plazo fijado, Plena inclusión Madrid y toda su red de entidades "se ponen a disposición de la Consejería" para establecer una estrategia para "velar por el bien" de los niños y niñas, el buen funcionamiento de los centros y el trabajo de los profesionales.