Según su director general, Enrique Galván, “vivimos una crisis desconocida desde la que azotó al Tercer Sector en el periodo 2008-2012". “Si las administraciones públicas responsables no lo remedian, en 2025 la amenaza de cierre sobrevuela sobre asociaciones que prestan apoyos fundamentales a miles de personas con discapacidad intelectual y a sus familias”.

Por todo ello, Plena inclusión ha lanzado la campaña '#SinRecursosNOhayCuidados', a fin de dar la voz de alarma y sensibilizar a responsables políticos y a la sociedad española. Se estrena en vísperas del 3 de diciembre, Día Internacional de la Discapacidad. Esta acción de incidencia política y sensibilización social pretende prolongarse hasta el próximo verano, y remite al documento ‘Por un Pacto de Estado para la Dignificación del Sector de los Apoyos y los Cuidados’.

Entre otros puntos, Plena inclusión advirtió que el final del plan estatal de choque de la dependencia y la incertidumbre sobre la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado generan "un contexto poco esperanzador". Indicó que las subvenciones y ayudas a la inversión y al mantenimiento de centros, que "eran tan frecuentes a principios de la década de los 2000, se han eliminado prácticamente en todos los presupuestos autonómicos".

A pesar de ello, "las entidades se ven obligadas a financiar medidas de transformación digital o de transición climática, con cambio de sistemas de movilidad, refrigeración y calefacción, etc.". A su juicio, las organizaciones chocan con un cálculo desajustado de los precios/plaza que la administración paga a través de conciertos o de contratos, "que están entre un 25% y un 30% por debajo del coste real". "Eso sí, desde las administraciones se sigue aumentando las exigencias de servicio en cuanto a atención personalizada, planes de apoyo conductual y tecnología disponible", puntualizó.

Dice que son requisitos del nuevo marco de acreditación de servicios, que no garantiza los recursos suficientes. A esto hay que sumar la ley de desindexación, el impacto negativo del IVA soportado de las entidades exentas de este y el aumento de cargas administrativas y de cumplimiento legal como sistemas de ciberseguridad, compliance, etc.

“El comportamiento de las administraciones autonómicas, salvo algunos anuncios esperanzadores, se limita a ofrecer subidas insuficientes o congelación de la financiación", criticó Galván. En su opinión, "estas son conscientes de la injusta situación vigente, pues los recursos públicos de atención a personas con discapacidad que ellas gestionan tienen un coste superior". Ello "supone "un riesgo sistémico que cuestiona el ejercicio de los derechos humanos de muchas personas y sus familias", concluyó.