En una columna de opinión, Galván afirma que, "si se piensa bien, esto es una verdadera revolución", pues "se democratiza el acceso a derechos que, hasta ahora, solo estaban pensados para personas con medias y altas capacidades de comprensión".

La modificación normativa acomete una "transformación social", y pretende que el derecho a la información, el acceso a la sanidad, a la educación, al trabajo, a la justicia, a la cultura etc. incorporen esta dimensión, a fin de "garantizar que todas las personas son consideradas, también aquellas con dificultades cognitivas". "Por eso se dice que la accesibilidad es un derecho llave", recalcó.

"En nuestras sociedades hay una parte muy importante de la ciudadanía que presenta dificultades de comprensión, ya sea por discapacidad, envejecimiento o desconocimiento del idioma", añade Galván, que puso como ejemplo "la actual la lucha de las personas mayores en el acceso a los servicios bancarios".

Según Galván, "la accesibilidad cognitiva en la ley supone concretar en políticas, recursos y acciones el principio de igualdad para una parte muy importante de la población, que ha sido despreciada en gran medida por el dominio de la inteligencia y su utilización para excluir, e incluso abusar, de personas que presentan alguna vulnerabilidad en este ámbito".

"Contratos imposibles de entender, gestiones administrativas dificilísimas, desinformación de sus derechos o de las normativas vigentes...", son algunos aspectos a superar, indica.

La accesibilidad cognitiva ha supuesto el desarrollo de diferentes metodologías y técnicas para facilitar la comprensión de productos, textos, servicios y entornos, como son la lectura fácil, los pictogramas o la señalética.

Con esta reforma, "la sociedad gana y lo hace de la mano de las personas con discapacidad, especialmente de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus personas de apoyo. Principales motores de esta modificación legal", sostiene Galván. "Para ellos y ellas, todo nuestro reconocimiento".