Lo hizo en un comunicado en el que testimonió su “más enérgica condena y consternación” y pidió al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que le abran un expediente para “depurar responsabilidades”.

En ese sentido, pidió a la Fiscalía que actúe de oficio para determinar que las palabras del juez son constitutivas de un delito de odio contemplado en el artículo 510 del Código Penal.

La Plataforma Trans, Mar Cambrollé, consideró “muy lamentable la criminalización de las personas homosexuales, máxime cuando son ejercidas por quienes tienen el deber de velar por la integridad y derechos de las personas lgtbiq+ a ser y amar en libertad”.

Arguyó que en un momento en el que las agresiones a las personas del colectivo “están teniendo un alarmante aumento”, resulta “extremadamente grave que se produzcan estos hechos por parte de un representante de la judicatura y en sede judicial”.

La Plataforma Trans reseñó que “hechos tan deplorables como los ocurridos, hacen perder la confianza en la justicia”, como lo acredita que “de cada diez agresiones a las personas lgtbiq+, sólo se denuncien dos”.

Ante esta situación, conminó al Gobierno que actúe contra los discursos de odio, especialmente en las redes sociales, y le animó a crear “una asignatura de respeto a la diversidad sexual y de género en todas las etapas educativas” y a “desplegar el régimen de sanciones administrativas que contempla la Ley Trans y de Derechos lgtbi”.

Por último, animó a utilizar el artículo 510 del Código Penal para “proteger a grupos vulnerables” en lugar de para “perseguir y amordazar a actores y jóvenes antifascistas”.