Esta plataforma reúne a asociaciones de usuarios, consumidores, profesionales y empresas de tecnología.

Para impugnar la ley (que fue aprobada con el apoyo de los principales grupos parlamentarios y ningún voto en contra) la plataforma emprenderá tres cauces de actuación: la impugnación a través del Defensor del Pueblo, la acción popular (para la que necesitan reunir 500.000 firmas, de las que ya han conseguido 300.000) y a través del apoyo de 50 diputados que se quieran significar por su apoyo a esta iniciativa.

Según la portavoz de la Asociación de Internautas, Ofelia Tejerina, "esta ley deja al margen de su regulación los derechos de los consumidores de soportes digitales, pues por el simple hecho de comprar un sistema de reproducción digital, lo usen o no, hagan copias privadas o no, estarán en deuda con los autores".

La ley afecta a la compra de CD y DVD, así como de MP3, teléfonos, móviles, etcétera.

Lo que la plataforma denuncia es que cada persona que compre un soporte digital tendrá que pagar como si fuera a copiar en él contenidos susceptibles del cobro de derechos de autor. El usuario pagará, igualmente, si desea grabar en el soporte, por ejemplo, fotos personales que ha realizado con su cámara o archivos relacionados con su trabajo.

En este sentido, el representante de la Asociación Española de Pymes de Informática y Nuevas Tecnologías (Apemit), Joseph Jover, denunció que, por un CD que cuesta realmente 15 céntimos, un joven que tenga que grabar un trabajo para clase tendrá que pagar 1,20 euros.

De igual modo, el consumidor que compre un ordenador pagará un 20% más por el sistema Windows que éste lleva instalado por defecto (y que él no ha pedido que le incluyan).

Según la plataforma, el beneficiario de este canon no será el autor, sino las entidades de gestión, a quien estos ceden sus derechos.

El portavoz de la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones (Aetic), Edmundo Fernández, estimó que las entidades de gestión españolas recaudaron en 2005 cerca de 300 millones de euros por copias privadas. Una cantidad que supone un incremento del 290% en los últimos cinco años. A su juicio, con la nueva ley, esta situación no haría más que agravarse.

Por su parte, el representante de la Asociación de Usuarios de Internet (AUI), Miguel Pérez Subías, afirmó que el canon "frena el desarrollo de la sociedad de la información, así como la potencia de España en el mundo de la tecnología, en favor del sector que se encarga de la recaudación".

Según el abogado especialista en propiedad Intelectual Javier Cuevas, la ley es inconstitucional. En ella, además, las Administraciones Públicas no están exentas de pagar el canon.

Por ejemplo, el Ministerio de Justicia tendrá que pagarlo al adquirir un CD para grabar en él el contenido de un juicio. Por tanto, en su opinión, se trata de un "cobro indiscriminado que afecta a personas físicas y jurídicas e instituciones", a pesar de que "esté prohibido que las personas jurídicas hagan copias privadas".

A juicio de la plataforma, la ley dificulta el acceso de ciertos segmentos sociales a las nuevas tecnologías y no se corresponde con la evolución del mercado, tras la aparición de Internet, aferrándose al pasado con una medida "obsoleta".