De este modo, las citadas organizaciones -que representan a los sectores agrario, pesquero, de transporte, etc.- pretenden tener acceso a la documentación elaborada por la Fiscalía Anticorrupción durante los dos últimos años.

A juicio de la plataforma, la concertación de precios que a su juicio se ha producido entre las grande petroleras ha supuesto gravísimos perjuicios a los consumidores en general y a los profesionales del transporte, la agricultura y la pesca en particular, que han pagado precios superiores por la adquisición de carburantes de los que habrían satisfecho de no haberse producido el supuesto pacto.