Así lo manifestó Rodríguez Castedo durante su intervención en el diálogo ‘Los mayores como consumidores’, organizado por la agencia de noticias Servimedia, donde acogió “encantado” el ofrecimiento de la portavoz del PSOE en la Comisión de Consumo del Congreso de los Diputados, Marisol Sánchez Jódar, para reunirse y que los partidos políticos conozcan "de primera mano" sus inquietudes.

Además de Rodríguez Castedo y Sánchez Jódar, también participaron en la conversación el presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios, Carlos Ballugera, la vicepresidenta de la ONCE Imelda Fernández y el economista Julio Rodríguez.

Con respecto a la reunión de esta tarde, Rodríguez Castedo quiso agradecer “la rapidez en la contestación” por parte del gabinete de Calviño para recibir a la plataforma y aseguró que le “consta” que el Ejecutivo está “trabajando en muchos aspectos concretos”. “Veremos a ver qué rango les dan”, advirtió, para, a continuación, aseverar que este tipo de reuniones “hay que tenerlas y seguir manteniéndolas” con el objetivo de que “no sean puntos aislados que suenen a que nos han recibido y luego tienen que desaparecer del radar”.

El presidente de la plataforma afirmó que la “esperanza” que le queda al colectivo es que, ante la falta de “compromiso” por parte de la banca, la acción del Ejecutivo y, "especialmente", del Ministerio de Economía "sea muy clara y vaya no a recomendaciones ni a protocolos".

“El protocolo ahí está, pero no lo cumplen y ellos dicen que sí”, lamentó, para subrayar que, ante “poderes tan fuertes” como son, a su juicio, las entidades financieras, es necesario “trasladar a ley, a normativa legislativa todo lo que se pueda”, con articulados “muy cortos y claros, que imponen y dicen determinado tipo de obligaciones que la ley contempla”.

AL LADO DEL CIUDADANO

En este sentido, emplazó a Economía a “dejar muy claro que está al lado de la gente, al lado de los ciudadanos y que no va a permitir que determinado tipo de medidas que se están hablando e intentando implementar en el diálogo que se va a establecer entre Economía y bancos dejen de tener un rango normativo que obligue”, abundó.

“Eso trasladará tranquilidad, seguridad a las familias, a los mayores, pero, si todo queda en un acuerdo de potenciar y enriquecer el protocolo y hacer reuniones de seguimiento del protocolo, va a ser decepcionante”, agregó, convencido de que, “ante decepciones colectivas, hay una situación de tal incomodidad en la sociedad que suele producir determinado tipo de reacciones que nadie desearía en este momento”.

En paralelo, se mostró “encantado” con la próxima reunión que la plataforma mantendrá con los representantes de los partidos políticos en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados, que espera que se produzca “cuanto antes, mejor”. “Porque hay que aprovechar los momentos de sensibilización, no solamente de la gente y las familias, sino también de los poderes públicos y esperemos que también de las entidades financieras”, apostilló.

De este modo respondió al ofrecimiento de la portavoz del PSOE en dicha comisión, Marisol Sánchez Jódar, que expresó su interés en “conocer de primera mano” las “propuestas e iniciativas” de plataformas como esta en torno a la problemática a la que se enfrenta este colectivo en su relación con los bancos.

Sánchez Jódar se mostró dispuesta incluso a “ver su posible inclusión” en los proyectos de ley “que en la actualidad se están tramitando o que se vayan a tramitar” en este ámbito y a analizar la “viabilidad” de las mismas y la “posibilidad de estudiarlas e incluirlas en la medida en la que se pueda”.

“De este encuentro puede salir una legislación más adaptada y cercana a lo que realmente se precisa o necesita”, admitió, para, a continuación, señalar que el Proyecto de Ley de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica está “muy avanzado” y defender que su aprobación será “muy importante”.

La diputada socialista puntualizó que, a partir de su aprobación, “ya se pueden ir, sectorialmente aprobando normativas más específicas", consciente de que, “al concebir a determinados colectivos como susceptibles de vulnerabilidad en sus relaciones de consumo, se puede legislar”.