Lo hizo a través de un comunicado después de la comunicación de cuatro mandatos de la ONU al Gobierno por discriminación de género y violación del principio de interés superior del niño en un contexto de problema estructural.

Ante esta comunicación, reclamó al Gobierno que “se investigue, procese e imponga sanciones a las personas responsables de esta violencia”, ya que, “como vienen recogiendo los expertos de la ONU, en diversas comunicaciones de los últimos años, existe un gran número de criaturas que están desprotegidas”, al tiempo que sus madres son “ignoradas y discriminadas por intentar protegerles de violencia sexual, física y psicológica”.

Por ello, instó al Gobierno a considerar esta situación como un “asunto que requiere atención inmediata” y a tomar “medidas efectivas para que estos hechos nos sigan ocurriendo”.

También le reclamó que “se garanticen” los derechos de los menores a “una vida libre de violencia, a ser escuchados, que su interés superior sea una consideración primordial y a tener contacto con sus madres”.

A su vez, reafirmó la importancia de que “no se produzcan arrancamientos de niños y niñas de sus madres tras las denuncias de maltrato y/o abuso sexual”, y solicitó respeto para los profesionales sanitarios y del sistema educativo que notifican estos delitos.

En ese sentido, conminó a sancionar a los agentes jurídicos y no jurídicos que apliquen el “falso” Síndrome de Alienación Parental (SAP) y abogó por la “eliminación de los estereotipos de género en los procedimientos judiciales”.

Del mismo modo, exigió la “reparación integral con perspectiva de género e infancia” para aquellas madres y menores que han denunciado violencia sexual y que han sufrido o sufren la “violencia institucional”.

En esa línea, pidió el “fin de la impunidad de la violencia institucional para las niñas y niños que revelan abuso sexual intrafamiliar y para sus madres protectoras”.

Por último, atestiguó su voluntad de hacer propia la voluntad de la ONU a la hora de visibilizar, denunciar y trasladar a las instituciones públicas la necesidad de cumplir con “su obligación de proteger a los niños y las niñas de la violencia y los abusos sexuales”, al tiempo que se esforzará para que los tribunales “superes los prejuicios contra las mujeres y apliquen un enfoque centrado en la infancia y de género”.