Según informó la Plataforma, “España es uno de los países de la UE que menos invierte en protección social a la infancia y a las familias a pesar de ser el país con la tasa de pobreza infantil más alta de la Unión Europea”.

Por esa razón, reclamó una el desarrollo de una ayuda a la crianza de carácter universal a través de deducciones fiscales, que permita recudir la desigualdad en el acceso a beneficios fiscales por parte de los hogares con rentas más bajas y prevenir y reducir la pobreza infantil.

Para reducir la tasa de abandono escolar temprano, la Plataforma de Infancia solicitó aumentar el gasto público en becas y ayudas al estudio al 0,44% del PIB en 2025, agilizar la solicitud y adjudicación de las ayudas y adoptar un Plan Estatal de Inclusión Educativa contra todas las formas de segregación.

Para completar el desarrollo de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (Lopivi), conminó a establecer juzgados y fiscalías especializados en esta materia.

La Plataforma de Infancia subrayó que más de 35.000 niños en España no pueden vivir con sus familias por situaciones de desprotección o porque se encuentran sin el cuidado de un familiar; de ellos, más de 17.060 crecen en centros residencial, “a pesar de que el acogimiento familiar es la medida de protección infantil prioritaria tanto en los estándares internacionales como en la legislación española”. Por ello, exigió que se priorice esta fórmula.