Esta plataforma está integrada por la Asociación de Bares de Copas de Madrid (Aebacom), la Asociación de Empresarios para Gays y Lesbianas de Madrid y su Comunidad (Aegal), la Asociación de Salas de Fiesta y Discotecas de Madrid (Asfydis), Empresarios por la Calidad del Ocio (ECO), la Asociación Empresarial de Hostelería de la Comunidad de Madrid La Viña, y La Noche en Vivo (LNVE).

Según estas organizaciones, la nueva ordenanza municipal, cuya principal novedad es que abre la puerta a que entidades privadas acreditadas tramiten las licencias, "da la espalda a la Directiva de Servicios Comunitarios 2006/123/CE, la llamada directiva 'Bolkenstein', que pretende simplificar los procedimientos administrativos que eliminen las cargas burocráticas para las empresas y que simplifique y agilice los trámites para la gestión de las empresas del sector".

En decontra estos planteamientos que serán de obligado cumplimiento para los estados europeos a partir del 31 de diciembre de este mismo año, la ordenanza de licencias, a juicio de sector hostelero y del ocio madrileño, "lejos de simplificar su procedimiento, complica trámites y plazos mediante la elaboración de un complejo sistema mixto, público y privado, de tramitación y verificación de todos los requisitos que las pymes deben cumplir para tener sus licencias".

ELEVADO COSTE Además, según estas organizaciones empresariales, lanorma municipal crea un nuevo sistema de revisión de los locales cada siete años, pagado por los propios empresarios, que, a su juicio, duplicará las revisiones de las licencias que ya realizan los servicios municipales de inspección.

Según sus cálculos, sólamente en el inicio de su aplicación, entre los años 2013 a 2017, las empresas de hostelería con locales en Madrid deberán costear reformas por valor de 500 millones de euros "en un momento de profunda crisis económica, que hace que las inversiones sean inviables para muchas micropymes".

A esto, además, hay que añadir, indican, el coste de 36 millones de euros que el sector va a tener que pagar en honorarios a los Organismos de Control Urbanístico del Ayuntamiento de Madrid, además de otros 48 millones de euros en proyectos técnicos de ingenieros y las tasas del Consistorio para adaptar las licencias a las consecuencias de las revisiones realizadas por los organismos de control.