"Desde la Plataforma le pedimos al Estado que regule los juegos por Internet y los electrónicos que tienen como soporteel teléfono móvil y en los que el juego consiste en mandar un SMS. Se lo pedimos porque están haciendo daño a todos los operadores de juego y al fisco y porque creemos que hay muchos niños que utilizan el móvil para participar en estos juegos y nadie hace nada", afirmó Andrés Ramos, miembro de la Plataforma en Defensa del Cupón y secretario general de Unidad Progresista (UP), grupo de gobierno de la ONCE.

Ramos también denunció que "no se está cumpliendo el acuerdo general entre la ONCE y el Gobierno, porque en ese acuerdo se contemplaba que durante el año 2008 iba a haber una comisión revisora del mismo. Estamos terminando el año y no tenemos ninguna noticia sobre esa revisión".

El secretario general de UP enfatizó que "una institución como la ONCE y su fundación, en la que trabajan 117.000 personas, necesita tener un horizonte de futuro despejado en cuanto a la comercialización de los productos", y recordó que la venta de los juegos de la ONCE ha caído un 4 por ciento.

Para tratar estos temas, la Plataforma en Defensa del Cupón, de la que forman parte, entre otras entidades, los sindicatos UGT y CCCOO, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe), la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) y la Confederación de Organizaciones que Trabajan en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (Feaps), se reunirá el próximo sábado en Valencia.

"El sector de la discapacidad considera necesaria una revisión urgente del convenio suscrito entre la ONCE y el Gobierno, ya que nos encontramos en un momento en el que, tanto la proliferación de juegos ilegales, como la aparición de nuevos juegos en medios electrónicos, que, sin someterse a ningún tipo de regulación ni de control por parte de la Administración, alcanzarán este año una facturación superior a los 1.000 millones de euros, perjudican claramente las ventas de la ONCE, lo que significa que dichas asociaciones disponen de menos recursos económicos para la realización de sus programas sociales, ya que el 3% de las ventas de los juegos de la ONCE están destinadas a la financiación de estas organizaciones", sostiene la plataforma en un comunicado.

La citada plataforma, creada en 1997, tiene como objetivo la protección de los juegos de la ONCE, como instrumento para garantizar los servicios sociales que presta la organización a sus 67.000 afiliados y a los más de 4 millones de personas con discapacidad a nivel nacional a través de su fundación, así como asegurar el mantenimiento de los más de 117.000 puestos de trabajo directos e indirectos que dependen de la ONCE.