La organización entregará un documento en el que advierte de que, de no producirse una modificación en la normativa, las asociaciones que integran esta plataforma denunciarán al Estado español ante el Tribunal de Estrasburgo y la Corte Penal Internacional "por permitir la discriminación institucionalizada".

Igualmente, solicitan una modificación de la Ley de Separación y Divorcio, así como de la Ley Orgánica de Medidas Integrales contra la Violencia de Género, para que "se restablezca el valor jurídico del principio de igualdad".