Un portavoz de la citada Plataforma procederá a la entrega de un documento de denuncia en el que se advierte que, "de no producirse una modificación en la normativa, las asociaciones que integran esta Plataforma denunciarán al Estado Español ante el Tribunal de Estrasburgo y la Corte Penal Internacional, por permitir la discriminación institucionalizada".

Asimismo, se solicita una modificación de la Leyde Separación y Divorcio, así como de la Ley Orgánica de Medidas Integrales contra la Violencia de Género, para que "se restablezca el valor jurídico del principio de igualdad".