Así lo aseguraron el líder de los empresarios de la construcción, junto con el secretario general de CCOO del Hábitat, Daniel Barragán, y el secretario general de UGT FICA, Mariano Hoya, en una rueda de prensa en la que analizaron la situación del sector, que ha atravesado un período de intensa subida de costes desde 2021, incluyendo materiales, energía y mano de obra.

Fernández-Alén insistió, como lleva haciendo tiempo el sector de la construcción, en la escasez de la mano de obra y advirtió de que existe “preocupación” en distintos ministerios porque empiezan próximamente grandes transformaciones urbanísticas como la operación Nuevo Norte o la operación Campamento.

“¿Se va a poder ejecutar esto? No sabemos, porque incluso se quieren empezar a entregar viviendas antes de que termine la legislatura. Si no tenemos mano de obra todo va a ser un cuello de botella muy importante y no queremos que el sector de la construcción sea el problemático”, alertó.

En la misma línea, Barragán (CCOO) señaló que “parece evidente” que actualmente “hay problemas para tener a tiempo estos planes” de vivienda e incidió en la necesidad de que se extienda el plazo para construir bajo la financiación de los fondos Next Generation, que finaliza en 2026.

Sin embargo, quiso marcar una línea roja señalando que esta aceleración de la actividad no se puede hacer de “cualquier manera” y con “prisas” porque en el sector de la construcción esto suele conllevar “fallos de seguridad”. Pidió garantizar las cuestiones de seguridad y las condiciones laborales y “si no se tienen que terminar los fondos porque no se puede hacer sin tener estas cuestiones en cuenta, será un problema que tendremos que acometer”.

LEY DE DESINDEXACIÓN

La patronal de la construcción viene reclamando desde que comenzó la crisis inflacionaria una revisión de los precios en los contratos públicos, pues, por ejemplo, los costes de los materiales subieron en igual proporción de 2005 a 2020 que entre 2021 y 2022. La energía, por su parte, duplicó en 2023 el coste que suponía en 2021, que en algunos casos alcanza un tercio de los costes totales.

El Gobierno aprobó un sistema excepcional de revisión de precios que estuvo vigente un año, hasta marzo de 2023, pero el sector lo criticó por ser demasiado restrictivo y dejar fuera el incremento del coste de la mano de obra y la energía. Ahora el sector busca recuperar ese sistema con una mejora o, en el mejor de los casos, modificar la Ley de Desindexación del año 2015, que impide la revisión estructural de los contratos públicos.

La petición, que ven con buenos ojos ministerios como Transportes o Vivienda, cuenta también con el apoyo de los sindicatos. Barragán afirmó que, “cuando una empresa no puede pagar los salarios, los que acaban sufriendo siempre son los trabajadores”, mientras que Hoya subrayó la situación excepcional que ha deparado la guerra en Ucrania y la crisis de inflación: “Cuando se producen esas excepcionalidades, el Estado tiene que ser capaz de mover ficha con rapidez para no hundir la economía de este país”.

El presidente de CNC subrayó que en esta cuestión han encontrado sistemáticamente la negativa de los ministerios de Economía y Hacienda. “Si Hacienda y Economía no abren la puerta, te estás dando contra un muro. Si a nosotros nos dicen que lleguemos a un acuerdo, en una semana tienen un papel encima de la mesa”, aseguró. El representante de CCOO afirmó que es una cuestión que “se va entendiendo” y que tiene la “esperanza” de que “a corto o medio plazo” se pueda emprender una reforma “interesante”.

MANO DE OBRA

Los sindicatos, no obstante, buscan una reforma más amplia de la la Ley de Contratación Pública, que tiene “carencias importantísimas”. Barragán pide establecer un mínimo legal para licitar para que los márgenes de beneficio de las empresas no sean “irrisorios” y cuando surge algún imprevisto -puso el ejemplo de la limpieza en las oficinas de Correos- las empresas no paguen a sus trabajadores.

Patronal y sindicatos coinciden en que hace falta mano de obra en el sector, pero difieren en el diagnóstico. Para CCOO, hay que hacer de la construcción una profesión segura, mientras que para los empresarios hay que convencer especialmente a los jóvenes de que se trata de un sector con salidas.

La CNC viene tratando de impulsar un plan con el Ministerio de Educación y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para formar a trabajadores a través de la Fundación Laboral de la Construcción, que tiene capacidad para formar a 200.000 personas al año. Sin embargo, Alén recalcó que lo que más les “preocupa” más allá de disponer de fondos para este plan es que haya suficientes alumnos para cubrir toda la necesidad.

Asimismo, CCOO quiso dejar clara su negativa a la importación de trabajadores en origen para sumarlos al sector. Barragán señaló que no quieren traer a trabajadores que “vengan de cualquier manera” sin “ninguna seguridad” como “si fueran materiales puramente al peso” y a los que se pueden echar “al día siguiente”. Esta posibilidad fue valorada durante la legislatura anterior generando un enfrentamiento entre los ministros José Luis Escrivá y Yolanda Díaz.