Así lo explicó hoy a Servimedia el secretario de Estado de Industria, Juan Ignacio Moltó, quién indicó que el Ministerio tiene serias dificultades legales para realizar una aportación como la propuesta por la dirección de Volkswagen. "Habría que modificar isposiciones legales", explicó.

Moltó recordó también que tomar una medida así con una empresa privada en un sector con crisis generalizada "haría que detrás de Seat los demás fabricantes pidieran un trato parecido", al tiempo que recordó las objeciones que las autoridades comunitarias podrían poner unas medidas que favorecen a una empresa en un mercado abierto como el de los "doce".

El representante de Industria señaló que "el Estado no ha asumido el compromiso de aportar los 18.000 millones" qu le pide Seat para sus excedentes laborales, además de los 30.000 millones que le costaría a la Administración las regulaciones de empleo en forma de seguros de paro.

Sin embargo, Industria no pone objeciones al proyecto industrial diseñado por la multinacional alemana, ya que recoge todos los objetivos que el Gobierno considera prioritarios en la crisis de Seat, entre los que descata la conservación de la marca española de automóviles y del predominio de los componentes nacionales en la fabricación d vehículos.

Además, Moltó considera "lógica" la pretensión de acabar con la producción de coches en Zona Franca, porque se encuentra al 25 por cien de su capacidad productiva y "eso no es viable desde una perspectiva estrictamente industrial".

En su opinión, la última palabra en la resolución de la crisis de la empresa la tienen los sindicatos, ya que las 3.000 personas a las que se prevé prejubilar tendrán antes que aceptarlo, puesto que los máximos responsables de Volkswagen se han esforzado enreiterar que se trata de un programa voluntario, sin olvidar que se exige a los trabajadores activos un sacrificio salarial al que las centrales deberán dar su visto bueno.