Las organizaciones emitieron una declaración conjunta en la que lamentan que el plan hidrológico que ha presentado el Gobierno suponga "la continuidad de una política hidráulica basada en un crecimiento continuo de la oferta, sólo viable si el agua fuera un recurso prácticamente ilimitado".

Los grupos que firman la declaración son la Confederación de Asociaciones de Vecinos de España (Cave), CCOO, UGT, la Confederación de Cosumidores y Usuarios (Cecu), la Plataforma Rural, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Seo/BirdLife y WWF/Adena.

Estos colectivos consideran que el coste social, económico y ambiental del plan beneficiará fundamentalmente a las empresas constructoras, las compañías eléctricas y los grandes propietarios agrícolas.

Asimismo, se oponen al trasvase del Ebro porque entienden que aumentará las diferencias económicas entre las zonas del interior y la costa mediterránea, fomentará una emanda insostenible en áreas en las que escasea el agua, deteriorará el Delta del Ebro y vulnera la normativa nacional y la Directiva Marco del Agua de la UE.

Por el contrario, reclaman una modernización de la política hidráulica basada en criterios vinculados a la planificación y la sostenibilidad.

En este sentido, afirman que esta política tiene que fomentar un uso racional del agua que promueva el ahorro, la eficiencia, la reducción de las pérdidas en las redes de distribución, el empleo de nuvas técnicas de riego, la depuración y la reutilización.