Moraleda, en declaraciones a Servimedia, también indicó en referencia a las movilizaciones de Barcelona que "cuando la sociedad se expresa de esta manera el Gobierno tiene que ser sensible a esta respuesta si no se quiere deslizar al absolutismo".

Por su parte, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) exige al gobierno que "reaccione ante la movilización de Barcelona".

Ambos sindicatos, UPA y COAG, creen que "el poblema fundamental es el coste del recurso y que a medio plazo el agua que se destine al Levante no esté disponible en las explotaciones familiares ya que la modificación de ley de aguas puede ser motivo de especulación y de subida de precios".

Asimismo, Moraleda cree que el "Plan Hidrológico y la Ley de Aguas resucita la idea de 'Aguatenientes'" y que el Plan Nacional de Regadíos, "que tenía que haberse aprobado antes de Plan Hidrológico Nacional, no responde a la planificación futura de la política graria común".