La propuesta, que ha sido remitida para que se estudie, se valore y, en su caso, se apruebe en el pleno de las corporaciones locales, plantea en primer lugar manifestar la disconformidady oposición de las entidades locales al trasvase del Ebro por ser contrario a los intereses sociales y económicos de Aragón, así como a las directivas medioambientales de la UE. Asimismo, propone rechazar el proceso de información pública, ya que se ha realizado en un momento de constitución de los gobiernos locales, lo que limita y dificulta la participación.

El documento también plantea la adhesión de los ayuntamientos y comarcas a las alegaciones que está elaborando el Gobierno de Aragón, así comolas acciones jurídicas y políticas de oposición al trasvase del Ebro.

En este contexto, el IAA adjunta un documento que expone las líneas generales sobre las que se están elaborando las alegaciones que el Gobierno de Aragón presentará en breve al proyecto del trazado del trasvase y al estudio de impacto ambiental.

Así, el documento señala que el proyecto de transferencias y su estudio de impacto ambiental no se ha puesto a disposición del Gobierno de Aragón en soporte de papel hasta el día 17 dejunio de 2003 y en soporte informático hasta el día 27 de junio, pese a que formalmente el trámite de información pública comenzó el 2 de junio de 2003. Estos defectos son contrarios a distintos preceptos de los derechos comunitario y nacional aplicables, pudiéndose fundamentar claramente un supuesto de nulidad de pleno derecho, asegura el Ejecutivo regional.

Entre esas líneas generales que sirven de base a las alegaciones se señalan las siguientes:

- No se ha enviado la documentación a ningún muicipio aragonés pese a que el documento sometido a información pública reconoce expresamente las afecciones producidas en los embalses aragoneses de Mequinenza y Ribarroja. Se ha producido por el Ministerio de Medio Ambiente, un trato desigual en relación a situaciones completamente iguales en perjuicio de los municipios aragoneses y de sus vecinos.

- Se ha confeccionado el proyecto de transferencias y su estudio de impacto ambiental sin que se haya redactado y aprobado previamente el Plan Integral de Delta del Ebro. Tal actuación representa una flagrante violación de lo dispuesto en la Ley y supone así la nulidad de pleno derecho del trámite.

- El documento sometido a información pública no cumple los requisitos que la legislación de contratos de las Administraciones públicas exige para los anteproyectos de obras.

- No es posible precisar qué volumen de agua hay disponible para trasvasar en cuanto que no está fijado el caudal ecológico en el Delta del Ebro, lo que es atribución específica de Plan Integral del Delta del Ebro.

- Tampoco es posible determinar de qué forma se trasvasaría el volumen de agua disponible una vez determinado éste, al no haberse aprobado las normas de explotación del sistema Mequinenza-Ribarroja-Flix.

- El caudal de diseño previsto para las infraestructuras de las transferencias permitiría trasvasar hasta 1.800 Hm3 anuales. Esto es contradictorio con la autorización contenida en la Ley que limita la autorización de las transferencias a 1.050 Hm3 anuales.

- La documentación sometida a información pública no recoge la reserva estratégica contenida en el Pacto del Agua de Aragón (850 Hm3).

- El Proyecto de transferencias sigue sin aclarar -como tampoco lo hacía la Ley 10/2001, de 5 de julio-, cuáles van a ser los usos que se realizarán con las aguas trasvasadas, cómo se distribuirán porcentualmente entre tales usos ni quienes serán sus beneficiarios.

- Las necesidades de regulación en las cuencas receptoras están infradimensionadas. Sólo se prevé laconstrucción en el ramal Sur de un embalse de regulación (el de Azorín) que no es suficiente por su capacidad para su objeto y, además, tiene una fuerte contestación social.

- No se ha realizado un solo sondeo de reconocimiento en relación a los múltiples túneles que hay que construir y cuya longitud suma 76 Km en el documento sometido a información pública. Este aspecto incrementará notablemente los costes de ejecución con los efectos previsibles sobre la viabilidad económica del trasvase.

- Losestudios económicos realizados por el Gobierno de Aragón a la vista del documento sometido a información pública prueban que el coste de construcción de las infraestructuras previstas se elevará muy notablemente en relación al que se especificó inicialmente.

- No hay ninguna previsión acerca de la forma en que tendrá lugar la explotación de las transferencias. Los principios de tarificación contenidos en el documento son contrarios a la regulación del canon de trasvase y se sustentan, además, en la exstencia de subvención pública generalizada de los costes de inversión.

- No existe una demanda definida del agua a trasvasar. Se sigue sin conocer quiénes son los que solicitan agua, dónde se encuentran y, sobre todo, qué precio están dispuestos a pagar por ella.

- El Estudio de Impacto Ambiental es muy elemental e incumple los requerimientos legales previstos para este tipo de documentos. No se estudian alternativas a la solución propuesta.

- Las medidas propuestas en el Estudio de Impacto mbiental para evitar la expansión del mejillón cebra son completamente inútiles. Es perfectamente predecible la deslocalización de esta especie, con los perjuicios que causará en las cuencas receptoras.

- La calidad del agua a trasvasar es muy mala en la actualidad. Según un informe de la Confederación Hidrográfica del Ebro de 2002, el agua contiene sustancias calificadas en la normativa aplicable de "peligrosas", como el pentaclorofenol y el selenio. Para destinar el agua al abastecimiento urbano ser necesario, por tanto, un tratamiento físico y químico intensivo, con afino y desinfección, que encarecerá notablemente el coste del abastecimiento y que, en todo caso, no está incluido en las previsiones económicas del documento sometido a información pública.