Los fundamentos jurídicos en los que se apoyará este recurso serán de carácter medioambiental y relacionados con la política de ordenación del territorio, consideraciones que fundamentaron ya las alegaciones al PHN remitidas por el Gobierno de Aragón al Ministerio de Medio Ambiente ennoviembre de 2000, sin que fueran aceptadas.

Por otra parte, los servicios jurídicos del Gobierno aragonés analizarán una serie de medidas concretas relacionadas con la ejecución de las actuaciones previstas en el PHN, de modo que el Ejecutivo pueda personarse en la tramitación de estas acciones, presentar las alegaciones correspondientes en los trámites de información pública y ejercer las acciones legales que correspondan.

Según el comunicado, en lo referido al ordenamiento jurídico comunitario el Ejecutivo de Aragón puede plantear una queja o denuncia ante la Comisión Europea, basada fundamentalmente en cuestiones medioambientales y más concretamente en las contradicciones existentes entre el PHN y la Directiva del Parlamento y del Consejo por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.

Según el Gobierno de Aragón, con el PHN "se rompe la unidad de cuenca hidrográfica, básica en la directiva comunitaria, y, paralelamente, no se contienen medias de actuación que conecten con los básicos presupuestos de calidad de las aguas y de protección de la naturaleza y de los ecosistemas vinculados al agua que forman el núcleo central de la directiva".

El Ejecutivo autonómico advierte además de que mantendrá "una actitud vigilante respecto a cualquier obra o actuación que pudiera contravenir las previsiones contenidas en la Directiva de Hábitats y los lugares protegidos con arreglo a la misma".