El contenido del plan, difundido hoy por el Gobierno, contiene pocas novedades respecto al avance efectuado por el ministro de Economía, Carlos Solchaga, tras el Consejo de Ministros del pasado viernes.

El plan prevé que la tasa de paro se situará a finales de 1996 en el 13,5 por ciento de la población activa, lo que significa que habrá 2.125.000 desempleados, 339.000 enos que en 1991. La creación de empleo será de 76.000 en 1992; 203.000 en 1993; 245.000 en 1994; 250.000 en 1995; y 241.000 en 1996.

REFORMA DEL MERCADO LABORAL

En el capítulo dedicado a la reforma del mercado laboral, el plan prevé la derogación del pago único de las prestaciones de desempleo, salvo que vaya a aportarse a una cooperativa o una sociedad anónima laboral.

También eleva de seis meses a un año el periodo mínimo de cotización para acceder a la prestación contributiva de paro y hacelo mismo con la duración mínima de los contratos temporales de fomento del empleo.

Los parados que carezcan de protección contributiva podrán recibir la prestación asistencial del desempleo, siempre que hayan cotizado un mínimo de tres meses. La cuantía de la prestación asistencial es del 75 por ciento del salario mínimo, lo que este año equivale a 42.210 pesetas mensuales.

El plan también establece la modificación tanto en las escalas (la relación entre el tiempo de cotización y los meses de segro de paro a que se tienen derecho) como la reducción del tipo aplicable (el porcentaje que representa el seguro en relación al salario del último empleo). Sin embargo, no precisa en qué cuantía.

Asimismo, el Gobierno estimulará la movilidad funcional y geográfica de la mano de obra mediante la derogación de las categorías y grupos profesionales contenidos en las ordenanzas laborales y su sustitución por los grupos de cotización a la Seguridad Social.

El Ejecutivo dará a empresarios y sindicatos a posibilidad de llegar a un acuerdo para la sustitución consensuada de las ordenanzas y su reemplazamiento por convenios generales de cada sector. Pero lo hará unilateralmente si el acuerdo no se produce antes de la primera negociación colectiva tras la aprobación del Plan de Convergencia.

La formación profesional también ocupa un lugar preferente en el plan. El Gobierno se propone la creación de 60.000 plazas de formación profesional para trabajadores que, estando desempleados, hayan tenido un anteror empleo.

Además, con los fondos allegados gracias a la supresión de bonificaciones fiscales para la contratación y la desgravación de cotizaciones sociales de determinados contratos, constituirá un Fondo Social para ampliar los cursos de formación en el seno de las empresas.

Sin embargo, eliminará las becas de formación profesional en búsqueda de su primer puesto de trabajo, sustituyéndolas por mecanismos de formación profesional reglada.

SECTOR PUBLICO

De otro lado, el Gobierno se comprmete a congelar durante el periodo de vigencia del plan las subvenciones a las empresas públicas, así como a no aumentar el tamaño del sector público empresarial.

En el área sanitaria, la Administración adoptará medidas de inspección de las prestaciones farmacéuticas y aprobará un decreto de "financiación selectiva de medicamentos".

Asimismo, incrementará la infraestructura de residencias y de servicios de ayuda a domicilio "con el fin de disminuir los problemas de ocupación de plazas hospitalaris de las personas mayores que sólo precisan de una residencia asistida".