Tourné explicó que el mayr fraude se registra en la emisión de películas en las televisiones locales, que están sin regular, con un total de 4.500 millones de pesetas. El resto corresponden a copias ilegales de películas (2.500 millones) y emisiones no autorizadas en los autobuses de películas de vídeo (unos 500 millones de pesetas).

Según Tourné, el perjuicio ocasionado al sector legal por la "piratería" en 1992 ha descendido con respecto al año anterior. Señaló que se está produciendo un cambio, porque mientras en 1991 la "iratería" afectó sobre todo a la copia ilegal de películas de vídeo, esta práctica descendió en 1992 y aumentó de manera notable la exhibición pública, sobre todo de la programación de Canal+ no autorizada, como el fútbol y los toros.

"Cada vez es más frecuente ver Canal+ en un bar o instalar un descodificador para toda una comunidad de vecinos en vez de uno por vecino, a lo que se suma que las televisiones locales, por ondas o por cable, han encontrado en Canal+ una programación ideal para llenar susespacios televisivos, sin tener que recurrir a la película del videoclub", explicó.

Tourné aseguró que la emisión de películas, ya sean copia ilegal o no, a través de las televisiones locales está afectando muy negativamente al vídeo y a la televisión, así como al cine, al emitir en muchos casos películas que están en estreno cinematográfico.

Según el responsable de la Federación Antipiratería, las televisiones locales no están autorizadas por la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones, "peroal ver que la programación que contrataban a precios muy baratos era peor que la de las cadenas privadas, con lo que perdían la audiencia, han recurrido a la programación de Canal+ o a emitir películas del vídeoclub".

Tourné señaló que esta práctica se está extendiendo de forma "alarmante" en el país, especialmente en Andalucía, "donde la justicia actúa con poco rigor. No es que actúe mal o que no actúe, sino que lo hace con mucho cuidado, para no molestar a nadie".

COPIAR LA PROGRAMACION

SegúnTourné, una práctica habitual de muchas televisiones locales es ofrecer la misma programación que Canal+. Aunque no emiten directamente la programación de esta cadena, acuden al vídeoclub y emiten las mismas películas que Canal+, con lo que aprovechan la publicidad que esta televisión realiza para sus propias emisiones.

"Con ello", agregó, "las televisiones locales ofrecen una programación atractiva que a cualquier español le cuesta 3.000 pesetas al mes al tener que estar abonado a Canal+, mientras a os que ven esta televisión local les cuesta mucho menos o incluso nada si la televisión es por ondas".

Este es el caso, señaló Tourné, de una televisión intervenida por el juez en Ubeda (Jaén) la semana pasada, después de que las compañías perjudicadas presentaran denuncias diarias durante diez días. "Y pueden darse con un canto en los dientes, porque en otros lugares, como Almería, Sevilla o Huelva, las denuncias duermen hasta que después de meses y meses hay una solución", añadió.

Para solucionr las prácticas de "piratería", Tourné considera que es necesaria voluntad política y que los jueces quieran acabar con estas prácticas y autoricen la entrada y registro en los locales denunciados para comprobar "in situ" que se está emitiendo la película y cortar la emisión, porque, a su juicio, de nada sirve que el juez cite al denunciado, ya que lo negará todo.

"Lo gracioso", explicó, "es que tenemos una ley moderna, bien elaborada, pensada y actualizada que no se está queriendo aplicar, que es la ey de Propiedad Intelectual de 1987, que prevé penas que pueden llegar hasta los seis años de prisión menor".

En su opinión, el problema reside también en que se mezclan dos cosas. Por un lado, el hecho de que el Gobierno no quiere acabar de regular las televisiones locales y tampoco dice cuándo se regularán, y por otro que los jueces se ven utilizados como vía de solución de algo que debería solucionarse a nivel administrativo, "y tienen razón".