La subcomisión considera necesario, en concreto, ue las policias locales "intensifiquen sus labores de vigilancia y patrullaje" para impedir la venta callejera de productos pirateados.

Según los grupos políticos, que han aprobado el informe por consenso, es preciso que la piratería figure entre los delitos a los que puede ser de aplicación el procedimiento de enjuiciamiento rápido y que las penas previstas para estas conductas sean revisadas al alza, en sintonía con lo previsto en el proyecto de reforma del Código Penal.

El Parlamento también aoga por la creación de tipos penales agravados para los casos de pertenencia a una organización dedicada a la piratería intelectual y la utilización de menores para cometer estos delitos.

Las conclusiones de la subcomisión, fruto de las opiniones recabadas entre una treintena de representantes del sector de la cultura que han comparecido en el Congreso, las presentaron en rueda de prensa el presidente de la comisión, Eugenio Nasarre (PP), y los diputados Beatriz Rodríguez-Salmones (PP), Joaquín Leguin (PSOE) e Ignasi Guardans (CiU).

MUY GRAVE

Nasarre se congratuló de que los grupos hayan coincidido en el diagnóstico y las recomendaciones sobre un fenómeno que causa un "ataque gravísimo" a la industria cultural y ante el que hay una "creciente tolerancia social", especialmente entre los jóvenes.

"Nuestra conclusión es alarmante", señaló la popular Rodríguez-Salmones, "porque es un fenómeno que crece y crece, que está controlado por las mismas mafias que trafican con la droga y la explotaciónde mujeres, y que aquí sacan una mayor rentabilidad".

En su opinión, hay que romper la actitud ciudadana de "simpatía" hacia el "top manta" y por eso el Congreso aprovecha esta subcomisión para hacer un llamamiento a la sociedad. En palabras de Ignasi Guardans, el Parlamento quiere "crear alarma social" porque se trata de un asunto "terriblemente grave".

El informe de conclusiones también pide mayor cooperación internacional y la formación de profesionales de la Justicia en la lucha contra esta lcra.

En el terreno de la concienciación social, la subcomisión pide que se impulsen convenios entre las Administraciones públicas para que los colegios y universidades organicen campañas de información, así como campañas publicitarias que destaquen el daño de la piratería en el empleo.