Fernández Marugán pidió al Ejecutivo su opinión acerca de la utilización de "estímulos fiscales establecidos para la adquisición de bienes productivos mediante contratos de arrendamiento financiero (leasing), por parte de aquéllas personas que compran inmuebles de uso ecreativo o de ocio".

En un comunicado, el diputado socialista denuncia que la respuesta del Gobierno a esta pregunta, formulada el pasado 25 de marzo, le llegó el día 13 de septiembre y, en ella, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José María Michavila, "se limita a remitirse a la Ley 26/1998 de 29 de julio y a la Ley 43/1995 de 27 de diciembre", que regulan estos mecanismos.

"Un periodo de tiempo tan extraordinariamente dilatado como el que se ha tomado el Gobierno para responer a esta pregunta, en modo alguno se justifica con la mera remisión que en la respuesta se efectúa a sendas normas publicadas y promulgadas en su momento y que conocía sobradamente de antemano", explica Marugán.

"El Gobierno", concluye, "no sólo olvida su deber, constitucional y reglamentariamente establecido, de someterse al control parlamentario, sino que, dando un paso más, olvida también lo que es puramente cortesía parlamentaria, respeto y colaboración entre instituciones".