Cuesta lanzó estas acusaciones al inicio de la reunión de la citada Comisión que debía hoy decidir sobre la prórroga de los trabajos de la subcomisión que estudia las subvenciones de Industria y sobre el dictamen final si la prolongación de su período de estudio fuera rechazada.

Según datos del propio Gobierno que exhibió e interpretó Cuesta en su intervención, durante el año 1998 todas las ayudas que recibió la provincia de Cádiz fueron a parar a ayutamientos del PP o a una entidad presidida por el marido de la alcaldesa de la capital andaluza.

De esas subvenciones, 90 millones de pesetas se concedieron a la Confederación de Empresarios de Cádiz, presidida por Santiago Cobo, marido de Teófila Martínez, e iban destinados a un programa de formación para nuevos emprendedores y recualificación laboral, que esta misma institución se encargaba de repartir a discreción.

403 millones fueron al Ayuntamiento de Cádiz para creación de centros de tallers para nuevas empresas industriales, 770 millones también para el Ayuntamiento estuvieron destinados al nuevo centro de tecnología y formación y otros 1.250 millones fueron a parar al Consorció Zona Franca de Cádiz, que depende de la corporación local, para su rehabilitación.

El Ayuntamiento de La Linea de la Concepción recibió dos subvenciones de 252 y 42 millones de pesetas para creación de infraestructura industrial y de un centro de captación de proyectos y asesoramiento de empresas.

En relacón al vicepresidente Rato, el diputado socialista dijo haber visto en una de sus visitas al Ministerio de Industria una expediente relativo a una empresa asturiana en la que el número tres del Gobierno tiene una importante participación, y que ha recibido dos subvenciones.

No quiso dar el nombre de la empresa ni decir la cuantía de las ayudas mientras no tenga en su mano el expediente, pero sí dijo que una de las subvenciones provenían de Industria, con cargo a los fondos para reindustrialización de znas mineras, y otra de Economía, el departamento que el propio Rato dirige, con cargo a fondos para desarrollo regional.

ENFRENTAMIENTOS

Las revelaciones hechas por Cuesta en el curso del debate sobre la prolongación de los trabajos de la subcomisión provocó la reacción airada de los diputados del PP, que le increparon, y la intervención del presidente de la Comisión de Industria, Salvador Sedó (CiU), que le amonestó reiteradamente y acabó retirando la palabra al diputado del PSOE.

En lo tocant a las cuestiones de forma que se debatieron en la Comisión, también se produjo un acalorado debate, en el que abundaron las imprecaciones entre diputados, los tonos irritados y la voces de Cuesta, que terminó pidiendo disculpas por su "apasionamiento".

PSOE, IU y NI defendieron la prórroga de los trabajos de la subcomisión por no haber recibido todos los documentos reclamados por la oposición y por la falta de algunos testimonios. En la votación salieron derrotados.

Pero antes de llegar al momeno de la votación se sucedieron los altercados. El diputado socialista leyó el artículo 72 del Reglamento de la Cámara, que establece que los diputados tienen derecho a recibir los documentos sobre los que tengan que votar posteriormente con 48 horas de antelación, salvo acuerdo en contra de la Mesa de la Comisión.

Tal acuerdo contrario no se ha producido y los diputados que asistían hoy a la convocatoria tuvieron en sus manos la documentación, dictamen del PP, CiU y CC y voto particular del PSOE e IU,cuando ya había comenzado la reunión de la Comisión.

Cuesta estimó que esta práctica constituye una "falta de respeto" a los diputados que tienen derecho a conocer aquello sobre lo que votarán con tiempo suficiente para su estudio y denunció la vulneración de los derechos fundamentales de los representantes públicos.

Pidió que el Parlamento no se haga "el hara-kiri" permitiendo una práctica no ajustada al Reglamento que puede sentar precedentes y denunció entre otras irregularidades que el Registo del Congreso no estaba abierto antes de las diez de la mañana, hora límite para presentar los votos particulares, tal y como decidió ayer la subcomisión con la oposición del PSOE e IU.

Por todas estas irregularidades, el PSOE recurrirá a la Mesa del Congreso, invocando el derecho de los diputados a conocer el contenido de la documentación con 48 horas de antelación, y solicitando, por tanto, la nulidad de todos loa acuerdos que hoy adopte la Comisión de Industria.

El rifirrafe político se extenió hasta la presidencia de la Comisión. Cuesta solicitó la lectura de una serie de documentos que aceditaban la postura del PSOE, petición que fue denegada por Sedó, al que acabó por írsele de las manos el control de la reunión, que se saldó con una debate vociferante entre los bancos del PSOE y del PP.

Tampoco quedó fuera de la bronca el principal socio del Gobierno, CiU. al que los socialistas atacaron por su fidelidad sin fisuras al Partido Popular. El portavoz de los nacionalistas catalanes, JordiJané, dijo que su Grupo "no tolera bien acusaciónses de falta de decencia parlamentaria y de obstaculizar su actuación, no lo hemos hecho nunca y no toleraremos esas acusaciones".

Por su parte, el portavoz del PP, Javier Peón, criticó "el tono estridente" del portavoz socialista y sus afirmaciones "demagógicas" que sólo tratan de "jugar con la opinión pública".

Aseguró que el PSOE no ha tenido nunca intención de conocer el fondo de la cuestión y les acusó de desarrollar una "estrategia premeditad para prologar los trabajos de la subcomisión" y así poder seguir "difamando".

Asimismo, el Partido Socialista anunció que remitirá toda la documentación relativa a la condonación de la deuda de Ercros al Tribunal de Cuentas para su estudio y en las conclusiones de su voto particular conjunto con IU, que previsiblemente saldrá derrotado, piden la dimisión del ministro de Industria, Josep Piqué, por sus manifiestas irregularidades en ese caso.