Ambos argumentaron motivos de agenda para excusar su presencia. Pérez Villar alegó la "premura" con la que se le había convocado para pedir al menos ocho días de antelación en el aviso, mientras que Martín Villa pidió un aplazamiento por encontrarse de viaje en Chile.

Miembros de la subcomisión han explicado a Servimedia que ambos serán requeridos de nuevo, pero laintención es concretar con ellos la fecha antes de fijar formalmente la comparecencia, para evitar que deba ser suspendida después de convocarse.

En todo caso, ninguno de los dos están obligados a acudir a la Cámara, ya que no pertenecen a la Administración y la subcomisión de estudio, a diferencia de la comisión de investigación, carece de capacidades coercitivas para forzar las comparecencias.

En consecuencia, la única comparecencia prevista esta semana en la subcomisión será, en la mañana del iércoles, la de tres asociaciones de "discriminados" en la concesión de subvenciones del Ministerio de Industria.

Tampoco hay fecha prevista para la comparecencia del consejero delegado de Torcidos Ibéricos, Manuel Carrera, que fue suspendida la semana pasada. Carrera envió una carta a la subcomisión en la que rechaza acudir y argumenta que todo lo que puede aportar a los trabajos es esa misiva, en la que defiende, en cuatro párrafos, la legalidad de la subvención que recibió.

GIJON Y LA CAROLINA

De la misma forma, la subcomisión no ha llamado formalmente a los alcaldes que recibieron subvenciones polémica, como el popular Ramón Palacios, de La Carolina, o el socialista Vicente Alvarez Areces, de Gijón.

Algunos grupos, como CiU, son reticentes a que los ediles acudan al Congreso en plena precampaña electoral, por temor a que conviertan su comparecencia en una alocución electoral. La fórmula alternativa puede ser que deleguen su presencia en otra persona, pero aún no hay decisión al respecto. Tampoco tiene fecha, por el momento, la comparecencia del presidente de "Teka", la consultora que firmó en 1996 un contrato con el Ministerio de Industria, siendo titular el socialista Juan Manuel Eguiagaray.

El Grupo Popular ha pedido su presencia en la subcomisión después de denunciar las condiciones "anormales" de este contrato, en el que se establecía una cantidad fija de 2.600.000 pesetas mensuales, 1.300.000 mensuales para dietas y desplazamientos sin justificar, 350.000 por informe, y un 5 de las subvenciones en la provincia de León, hiciera o no los informes correspondientes a las mismas.

A la vista de la numerosa documentación aportada y de las múltiples comparecencias previstas, todos los grupos están de acuerdo en que será necesario prolongar los trabajos de la subcomisión, que tenía previsto finalizar el 31 de mayo, si bien no han tomado formalmente la decisión.