Esta es una de las subvenciones concedidas por Industria más cuestionadas por la oposición, entre otras cosas por la condena de inhabilitación que pesa sobre Pérez Villar por prevaricación en el ejercicio de su cargo cuando era consejero e la Junta de Castilla y León, en la época en que José María Aznar era su presidente.

En su comparecencia ante la subcomisión del Congreso que estudia la politica de subvenciones de Industria, y a preguntas de la oposición, Pérez Villar aseguró que no realizó ninguna gestión política para lograr la subvención, y quizá por eso "he pasado el calvario que he pasado".

"Yo nunca me he dirigido a Don José María Aznar López, pidiéndole nada especial para Uría Motor ni para mi persona, entre otras cosas or dos cuestiones. Una, porque le conozco perfectamente y sé que la contestación iba a ser denegatoria, y segunda, porque, a Dios gracias, Dios me ha dado la facultad de trabajar y ganarme la vida sin tener que implorar ni pedir nada", dijo.

También aseguró que no conoce personalmente al ministro de Industria, Josep Piqué, y aprovechó para defender a Aznar, al afirmar que, si aceptó ser su consejero en Castilla y León, fue "porque he creido que don José María Aznar López es de los pocos políticos honrdos, con proyecto, y creí en su persona", ya que la política le ha dado más "disgustos" que otra cosa.

Pérez Villar explicó que Uría Motor, radicada en un municipio minero como Oviedo, especificó en la solicitud de la subvención que su objeto era un concesionario de automóviles que presta además servicios de reparación y chapa, y que cuenta con una plantilla de 46 trabajadores.

Según el relato cronológico de los hechos que expuso, solicitó 100 millones de pesetas en 1996 con cargo a la Orden Miniterial de febrero de ese mismo año, que regula estas ayudas, una cantidad que juzgó menor a la que podía haber solicitado al amparo de este orden, a la vista de la inversión prevista.

UN AÑO DE RETRASO

Después de una comprobación por parte de la consultora GPI, se se rebajó la cuantía de la subvención a 92 millones de pesetas. A partir de este punto, la concesión se retrasó, motivo por el que la directora general de Minas, a la que aseguró que no conoce y con la que jamás ha hablado personalmente, slicitó un informe a la Abogacía del Estado, que concluyó que no había "ningún inconveniente" para conceder la ayuda.

Pérez Villar subrayó, además, que otra empresa de la que él es socio, Arenas de Bovia, sí ha cobrado la subvención de 30 millones concedida, a diferencia de lo ocurrido con Uría Motor, y apuntó que quizá se debe a que este expediente iba firmado por el otro socio de la empresa, y no por él.

Al final de su intervención, Pérez Villar aseguró que está siendo "perseguido" por una condea que se produjo debido a "un fallo administrativo", que acató, y que le ha alejado de la vida política y del Partido Popular.

El diputado socialista José Luis Rodríguez Zapatero subrayó que, según el propio informe de la consultora GPI, fue la Dirección General de Minas la que dio instrucciones para que se analizara globalmente la actividad del concesionario y del taller, cuando ambas estaban disgregadas, y en contra de la política habitual de este departamento de denegar subvenciones a concesionario.

Además, destacó que el expediente estuvo paralizado durante casi un año, lo que ha suscitado las especulaciones acerca de las gestiones emprendidas por Pérez Villar para conocer la situación del expediente administrativo.

Por su parte, el diputado de Izquierda Unida Mariano Santiso puso el énfasis de su intervención en la condena por prevaricación que pesa sobre Pérez Villar, mientras que el popular Javier Peón apuntó la posibilidad de indemnizar a Pérez Villar por el retraso de un año en la cocesión de una subvención que cuenta con el visto bueno de los servicios jurídicos, aunque le pidió que no plantee este asunto formalmente.

Peón apeló a los expedientes para recordar que el proyecto de Uría Motor se adecuaba a los requisitos de la Orden Ministerial y era, además, el que más empleo creaba.