De esta forma, Martín Villa echó por tierra los argumentos de la oposición durante su comparecencia en la subcomisión del Congreso que estudia la política de subvenciones del Ministerio de ndustria.

Según su explicación, Endesa se acogió a la Orden Ministerial de octubre de 1990 que regulaba las compensaciones a las empresas mineras por la reducción de la extracción de carbón nacional, pero lo hizo de una "forma singular".

Así, por "propia voluntad", Endesa decidió que esta subvención, de 1.454 millones de pesetas en total, no fuera directamente a su caja, sino que se destinara a planes de reindustrialización en la zona. Como garantía, el dinero se depositó en Ofico, el organismo pblico encargado de regular los pagos.

Martín Villa aseguró que, a 31 de marzo de 1999, había invertido en reindustrialización 1.099 millones y tenía comprometidos 954 más de sus propios fondos, por lo que había cumplido su compromiso en el momento en el que Ofico, antes de disolverse, le abona el "remanente que queda en caja", de 1.034 millones.

A juicio de Martín Villa, Endesa recibió esta cantidad en virtud de una política "acertada" de subvenciones, "bien concebida y bien administrada" desde l Orden Ministerial de octubre de 1990 dictada por el Gobierno socialista.

Tanto Javier Fernández, del PSOE, como Mariano Santiso, de Izquierda Unida, redujeron sus argumentos a la necesidad de acreditar debidamente las inversiones comprometidas por Endesa antes de liberar los fondos de Ofico, un requisito cuyo cumplimiento pusieron en duda.

Ramón Aguirre, del Grupo Popular, achacó a motivos exclusivamente políticos la petición de comparecencia de Martín Villa, y consideró demostrada la inexistenca de irregularidades en el cobro de estos 1.034 millones de pesetas.