Estas organizaciones afirman que el ministerio ha tratado de hacer creer a la Comisión Europea que las centrales ucleares tienen en España un periodo de funcionamiento de 25 años, cuando dos instalaciones, Zorita y Garoña, ya han superado ese margen y continúan operativas.

El pasado mes de junio, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) incluso prorrogó por 10 años más el permiso de explotación provisional de la central de Garoña.

Además, Ecologistas en Acción y Greenpeace han recordado a la Comisión que el Plan General de Residuos Radiactivos considera, a efectos de gestión de estos desechos, que la vida de ls nucleares será de 40 años. Esta previsión la mantiene la Estrategia Nacional del Clima del Ministerio de Medio Ambiente.

Según las organizaciones ecologistas, entre el 60 y el 65 por ciento de los Costes de Transición a la Compentencia, entre 780.000 y 845.000 millones de pesetas, irían a parar al sector nuclear.

Por este motivo, aseguran que "al Gobierno español le interesa dar a la Comisión Europea, que tiene que autorizar o denegar esas ayudas en base a su legalidad o ilegalidad, esa versióndel funcionamiento de las nucleares limitado a 25 años, porque un aumento de 5 años en su vida útil implicaría al sector eléctrico dejar de recibir hasta un 30 por ciento de esos 1,3 billones de pesetas".

Las dos organizaciones acusaron al Ministerio de Industria y Energía de falsear también los datos que envió a la Comisión en lo relativo a los índices de utilización de las centrales.

Ecologistas en Acción y Greenpeace mantienen que el ministerio aseguró a la Comisión que los índices de utilizacón son inferiores al 70 po ciento, cuando, según afirman los ecologistas, son superiores al 80 por ciento, según los datos de Unesa, la patronal de las eléctricas.

Los ecologistas reclamaron al Gobierno que el dinero previsto en concepto de CTC se dedique a financiar programas de ahorro, eficiencia energética y energías renovables.