Así lo acordaron unánimemente los distintos grupos parlamentarios, en la reunión constituyente de esta subcomisión. En una próxima sesión, el día 14, intentarán consensuar un texto que regule esas excepciones.

El problema radica en ue las subcomisiones no tienen capacidad coercitiva para obligar a comparecer a las personas requeridas, motivo por el que los responsables de empresas privadas, por ejemplo, pueden ser reticentes a acudir al Congreso si su comparecencia es pública.

Al margen de las comparecencias, las demás sesiones de trabajo se realizarán a puerta cerrada, pero serán grabadas en cinta magnetofónica para facilitar los trabajos de los propios diputados y posibilitar su transparencia.

Además, según explicó en ruea de prensa el socialista Alvaro Cuesta, su grupo está "abierto" a la posibilidad de que los medios de comunicación tengan acceso a las reuniones en las que se debatan las conclusiones de los trabajos.

En la reunión de hoy, además de la elección del presidente de la subcomisión, que será Salvador Sedó, de CiU, se alcanzó un acuerdo sobre el calendario de trabajos. Así, se ha abierto un primer plazo para solicitar documentos y comparecencias, que concluirá el día 12, y se celebrarán dos sesiones por seana.

Aunque los trabajos deben terminar, en principio, el 31 de mayo, Cuesta precisó que existe la posibilidad de aplazar las sesiones y los plazos a la vista del resultado de las reuniones previstas.

ERCROS

Por su parte, el portavoz de Izquierda Unida en esta subcomisión, Mariano Santiso, defendió el "relevante" papel que la empresa Ercros, dirigida en su día por Josep Piqué, debe jugar en los trabajos, idea rechazada de plano por el PP, que entiende que este punto sobrepasaría el ámbito de esudio establecido.

Asimismo, anunció que pedirá la comparecencia de actuales responsables de empresas "en el candelero" como Ercros, Unión Española de Explosivos, Telecable, o Torcidos Ibéricos, así como la del ex consejero de la Junta de Castilla y León Miguel Pérez Villar o la del financiero Javier de la Rosa, para que explique la evolución de KIO.

Santiso también anunció su intención de pedir la comparecencia de la ministra de Agricultura, Loyola de Palacio, para que exponga el criterio de su dpartamento y de la Unión Europea ante las subvenciones concedidas a empresas dedicadas al ganado porcino.

Ante estas peticiones, el portavoz de CiU, Jordi Jané, expresó su voluntad de aprovechar la utilidad de esta subcomisión, y advirtió a los grupos de la oposición que no se trata de investigar a Piqué, sino la política de subvenciones del Ministerio de Industria.

Finalmente, el popular Ramón Aguirre reprochó a los socialistas su oposición inicial a acudir a esta subcomisión, y aseguró que pedián la comparecencia de los beneficiarios de todas las ayudas "que hayan sido objeto de polémica", sin vetar ninguna petición, aunque votarán lo que consideren "oportuno".

Aguirre explicó que su grupo no introducirá en la subcomisión el informe del Tribunal de Cuentas sobre la política de inventivos regionales de la época socialista, salvo que la oposición intente llevar el debate a aspectos que sobresalgan el ámbito de estudio establecido.

En todo caso, consideró "inevitable" que las conclusionesde ese informe permitan establecer una "comparación" entre los distintos criterios para conceder subvenciones de un Gobierno y otro.