La subcomisión acabó ayer sus trabajos, después de tres meses de funcionamiento. El PP, apoyado por CiU, presentó en esa sesión un borrador de conclusiones que defiende la legalidad de las subvenciones autorizadas y que no es compartido ni por el PSOE, ni por IU, que piden una prórroga para recabar más datos.

Por su parte, CC no rechaza las coclusiones presentadas por el PP, pero propone una serie de cambios que impidan el surgimiento de sospechas sobre la concesión de ayudas públicas en general.

Los canarios creen que la normativa sobre subvenciones debe atenerse a los siguientes criterios: integrar todas las esferas de la Administración pública ya sea cental, autonómica o local, recoger los criterios de las directivas de la UE, incluir medidas en defensa de la competencia, establecer legislación punitiva de carácter administrativo o pena, contener normas sobre legalidad contable y societaria y completar la legislación fiscal.