En declaraciones a Servimedia, Castresana, cuya asociación fue la que impulsó las investigaciones en la Audiencia Nacional por los crímenes contra españoles durante las dictaduras argentina y chilena, dijo que "ya hay serios intentos en instancias políticas para frenar" el proceso iniciado.

El portavoz de la UPF se refirió a la posibilidad de que una intervención tanto del Gobierno español como del británico (a los que compete ponerse de acuerdo ahora sobre la extradición) pueda paralizar la compareencia del ex dictador para dar cuenta de sus presuntos delitos.

Insistió en que "en el terreno de lo jurídico el trámite está claro", pero añadió que, a continuación, va a producirse "una batalla entre lo político y lo jurídico que ojalá la gane este último, porque lo contrario sería desalentador".

Después de que la policía británica detuviese en Londres a Pinochet en cumplimiento de una solicitud del juez Baltasar Garzón, será ahora el Gobierno español, tras recibir la petición formal de extradiión por parte de este juez de la Audiencia Nacional, el que solicite al Gobierno británico que el ex dictador chileno sea conducido a España.

Castresana calificó de "precedente histórico" el que las autoridades británicas hayan accedido a la petición de la Justicia española, porque a partir de ahora será más difícil que los mandatarios de otros países acusados de crímenes contra la humanidad eludan la acción de la justicia.

"Lo insólito en el caso de Pinochet no es que por sus crímenes se le detega y se pida su extradición, sino que un gobierno democrático como el chileno le esté defendiendo"", afirmó el portavoz de la UPF.