En declaraciones a Servimedia, Salazar expresó su "disconformidad" con la decisión del Ejecutivo español y agregó que la misma "no hace más que confirmarnos lo que pensábamos desde un principio, que es una decisión política, tanto del Gobierno británico como del español, para contentar al Ejecutivo chileno".

El portavoz de la UPF destacó el inclumplimiento del tratado sobre la tortura, por una parte, del Gobierno británico, al egar la publicidad de los informes médicos sobre el estado de salud del ex dictador, y, por otra, del Gobierno español respecto de la Constitución, "que establece que las autoridades tienen obligación de dar cumplimiento a las resoluciones judiciales y colaborar con la Administración de Justicia".