Castresana manifestó a Servimedia que la Convención Contra la Tortura sólo da al ministro dos opciones: permitir que siga adelante el proceso de extradición a España u ordenar que el fiscal formule la acusación ante los propios tribunales británicos para que sea juzgado en este país.

"Cualquiera de las dos alternativas son las que autoriza la Convención contra la Totura de 1984, que es la que los Lores han dicho que es aplicable. La que no estaría autorizada sería la decisión de devolverle a Chile. Para hacerlo legalmente tendría que producirse una demanda de extradición por parte de ese país", explicó.

Agregó que tanto si se decide juzgarle en Gran Bretaña como si se acepta tramitar la demanda española, "esto se va a demorar meses, y sin duda el Gobierno de Chile tendría tiempo de formular una demanda de extradición", para que el general sea devuelto a su país. El portavoz de la UPF, que presentó a finales de 1996 en la Audiencia Nacional una querella contra el ex dictador, resaltó que Pinochet sólo quedaría libre si el ministro no se pronunciase, pero indicó que Straw ha anunciado que hará pública su decisión en uno u otro sentido mañana, por lo que "todo parece indicar que habrá un pronunciamiento".

Castresana insistió en que "hay hechos de sobra para que Pinochet sea sometido al proceso de extradición. No cabe ninguna duda al respecto, y en cuanto a a cuestión más discutida, si se incluyen o no los 1.198 casos de desapariciones (decisión que también corresponde al ministro), yo creo que deberían incluirse".