El Supremo considera que no hay indicios suficientes que demuestren que la filtración se produjo por parte de funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores", quienes, por orden del titular de esta cartera, Abel Matutes, "fotocopiaron su contenido y se quedaron con una copia" que posteriormente entregaron a dos periódcos.

En el mismo auto, el Alto Tribunal rechaza también la querella presentada contra Abel Matutes por un presunto delito de ocultación de documentos, cometido supuestamente cuando no remitió al juez instructor del "caso Pinochet", Baltasar Garzón, una comunicación de la Fiscalía Británica en el que se le informaba de la posibilidad de recurrir una posible decisión del Reino Unido a favor de la libertad del ex dictador chileno.

Para el Supremo, la posible puesta en libertad de Pinochet se encontrba en una fase política, en la que la última palabra correspondía al ministro del Interior británico, Jack Straw, y, en consecuencia, cualquier medida contra tal decisión era responsabilidad del Gobierno español.

"Aunque el recurrente lograse convencer a esta Sala de que la decisión contra la que el ministro (Abel Matutes) decidió no recurrir (la decisión de Jack Straw) se encontraba en una fase judicial, la conclusión sería la misma: no habría responsabilidad penal, porque no existe claridad acerca d que en ese caso el ordenamiento interno imponga al Ejecutivo un seguidismo ciego de las decisiones del órgano judicial", añade el Supremo.

En este sentido, el Alto Tribunal recuerda que, por ley, al juez le corresponde proponer la extradición, mientras que al Gobierno le atañe toda la tramitación posterior sobre la misma.