El PSOE afirma en su escrito de petición que el Gobierno de José María Aznar ha mantenido una posición "entorpecedora" del proceso de extradición desde su inicio. Critica también la negativa del Ejecutivo a tramitar el recurso del juez Baltasar Garzón contra la decisión de Jack traw.

A su juicio, la actitud del PP "ha dejado a nuestro país en una posición tan desairada en el ámbito internacional como vergonzosa desde el punto de vista de la defensa de los derechos humanos, ya que sigue siendo el único país que es decisivo a la hora de lograr la extradición".

Los socialistas creen que el Gobierno ha imcumplido su promesa de respetar las decisiones judiciales y que ha ocultado sistemáticamente información sobre el proceso y sobre su actuación a través del Cuerpo Diplomátio.

Por todo ello, y al amparo del artículo 78 de la Constitución, considera posible la convocatoria de la Diputación Permanente, a pesar de estar disueltas las Cámaras en este momento.

Los apartados 2 y 3 del citado artículo de la Carta Magna que incluye el PSOE en su argumentación dicen: "Las Diputaciones Permanentes estarán presididas por el presidente de la Cámara respectiva y tendrán como funciones las previstas en el artículo 73, la de asumir las facultades que corresponden a las Cámaras, deacuerdo con los artículos 86 y 116, en caso de que éstas hubieran diso disueltas o hubiere expirado su mandato, y la de velar por los poderes de las Cámaras cuando éstas no estén reunidas".

"Expirado el mandato o en caso de disolución, las Diputaciones Permanentes seguirán ejerciendo sus funciones hasta la constitución de las nuevas Cortes Generales".

El PSOE entiende que su petición también queda amparada por el artículo 57 del Reglamento del Congreso y por el artículo 48 del Reglamento del Senao.

También aportan la opinión de expertos juristas para apoyar el argumento de que la Diputación Permanente tiene "plena capacidad de control del Gobierno", incluso con las Cámaras disueltas.