A su juicio, la lucha contra ls atentados a los derechos fundamentales sólo se podrá materializar con firmeza con la creación de un tribunal internacional penal consolidado y con competencias suficientes.

"El rechazo político que determiandas conductas merecen tropiezan luego con las limitaciones de los ordenamientos jurídicos de cada país a la hora de perseguir ciertos delitos", puntualizó Ollero.

Ollero consideró que la decisión de los lores de hoy no desacredita la postura del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo ungairiño, y del fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, que consideró improcedente solicitar la extradición del ex dictador chileno desde los tribunales españoles.

"Ellos sólo se limitaron a citar las limitaciones que el ordenamiento jurídico español señalaba para la persecución de esos delitos, lo mismo que los lores han señalado la limitaciones para perseguirlos en el Reino Unido", aseguró.