Al respecto, los diputados de Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya defenderán en la próxima reunión de la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados una proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a cesar a los dos fiscales.

Asimismo, en el próximo pleno del Congreso presentarán una proposición de ley para que el Parlamento intervenga en el nombramiento del fiscal general del Estado, y qu no sea éste un cargo elegido unilateralmente por el Gobierno.

A estas iniciativas parlamentarias se suma una petición para que se reforme el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, con el fin de que el mandato del fiscal general del Estado sea de un máximo de cinco años y no reelegible.

En declaraciones a Servimedia, López Garrido afirmó que la decisión adoptada ayer por la Audiencia Nacional, dando amparo a las actuaciones emprendidas por el magistrado Baltasar Garzón, "ha sido un varapalo enome para el fiscal (de la Audiencia) y el Gobierno, sobre todo para éste último, porque ha sostenido al fiscal y le ha alentado a ir en una dirección profundamente errónea, suicida y además vergonzosa desde el punto de vista de los derechos humanos".

Agregó que "ésto no sólo ha sido un fracaso de la Fiscalía, sino también del Gobierno que, sin duda alguna, estaba detrás de sus actuaciones".

A su juicio, la decisión de la Audiencia Nacional "inicia una crisis profunda en la Fiscalía de la AudienciaNacional y de rebote en la Fiscalía General del Estado, porque estamos ante un hecho de proporciones gigantescas e históricas".

En este sentido, reiteró que "lo mejor es que Fungairiño y Cardenal presenten de inmediato su dimisión, porque siendo un fracaso jurídico y político, va a arrastrar a toda la fiscalía y va a crear una crisis de proporciones enormes".