En declaraciones a la Cadena Ser, Juan Gabriel Vadés, explicó que el que se trate de un "arbitraje amistoso" no quiere decir que sea "inventado o una creación artificial". "Estamos basando la idea del arbitraje en el artículo 30 de la Convención contra la Tortura suscrita por Chile y por España, que es la misma convención que está siendo utilizada para juzgar al general Pinochet", y por lo tanto, agregó, "es un instrumento perfectamente válido".

Sobre esa convención, el ministro chileno argumentó que si para juzgar a Pinochet por tortura en el perioo posterior al 88, no se necesita ninguna ley habilitante, "no entenderíamos", dijo, "por qué para aplicar el artículo 30 del mismo tratado, si se requeriría una ley habilitante", por lo que "hemos planteado la posibilidad de que se explore ese mismo tratado que está siendo utilizado, para que los dos gobiernos puedan resolver una cuestión de competencias de sus jurisdicciones en materia de tribunales que sigue estando pendiente".

El canciller chileno calificó de exageradas las quejas de Garzón: "Me precen muy exageradas", pero aseguró que no va a entrar a discutir con un juez español. "No es lo que me corresponde, lo que me corresponde es hablar con el Gobierno español, con el ejecutivo".

INDEPENDENCIA JUDICIAL

Aseguró que en Chile "la auonomía del poder judicial, para bien o para mal, en periodos malos o en periodos buenos, es lo que está permitiendo en este momento que el poder judicial tenga a su cargo 28 causas penales en contra del general Pinochet y que en este momento se esté interrogand a cerca de 150 oficiales del ejército por las violaciones de derechos humanos ocurridos entre el 73 y el 88".

En su opinión, son unas investiaciones que "no podría realizar el señor Garzón, si le dieran la extradición al general Pinochet", a causa del fallo de los Lores, por el cual el juez sólo podría investigar casos de tortura después del año 88.

En este sentido, aseguró que "no solamente en razón de nuestra demanda de jurisdicción de parte de los tribunales chilenos tenemos razón, sino que icluso, en términos del desarrollo de un proceso judicial que permita hacer verdad, en materia de los derechos humanos, sería bastante más razonable que concluyéramos que son los tribunales chilenos los que tienen que regular la situación del general Pinochet y no un juez español".

"Lo que nosotros constatamos y tenemos que hacer, por más que esto pueda irritar a alguna parte de la sociedad española, es que el Estado chileno tiene que defender la jurisdicción de sus tribunales, no puede permitir que unjuez, por su propia voluntad, se erija en un juez superior, en Tribunal Superior de nuestra Corte Suprema y nuestros tribunales de justicia", afirmó, "sobre todo cuando ellos están iniciando un proceso enormemente doloroso, tremendo, para descubrir, hacer verdad y en la medida de lo posible castigar a quienes fueron responsables por las atrocidades cometidas durante el régimen militar después de 1973 hasta 1988".

"No podemos permitir", insistió, "que el entusiasmo de un juez lleve a una situación en l cual no hay ley internacional, no hay tribunales internacionales, sino que hay una persona que se constituye un juez mundial". Agregó que "eso es algo que el Gobierno de Chile no ha aceptado y con mucha calma y mucha tranquilidad le decimos a un país amigo como es España que tenemos que avanzar en un cuadro jurídico en el cual podamos resolver esta cuestión y se le pueda permitir a los tribunales chilenos recuperar su jurisdicciónm sobre la investigación de los delitos cometidos en Chile".

En cuantolo que ha leído en la prensa española del tema, Valdés dijo que "no puede ser considerada maniobra política la aplicación de un tratado si constituye ley interna para los dos países". Recordó que "los tratados son instrumentos jurídicos válidos internacionalmente" y que si se quiere utilizar el tratado contra la tortura para juzgar al general Pinochet, no veo por qué se descalifica ese mismo instrmento cuando se le desee usar para resolver una situación jurídicamente compleja entre los dos Estados".

or lo tanto, señaló que no están proponiendo una negociación política sino "que se use un instrumento jurídico para encontrar un camino jurídico de solución a esta cuestión".

EMPEORANDO LAS RELACIONES

Por otro lado, el canciller opina que este asunto está empeorando las relaciones entre Chile y España, que aparte del ejemplo que han recibido de España, "existe desconcierto" y esto "genera una enorme dificultad para que nosotros solucionemos lo que fue el pasado de hace 25 años".

"Tenemos una trnsición todavía pendiente", afirmó Valdés, "pero nadie puede venir a señalarnos cuanto dura una transición, cuanto tiempo se demora un pueblo en resolver sus heridas del pasado" y ha asegurado que "eso lo hacemos nosotros o no lo hace nadie, porque no creemos que exista ningún juez, ningún factor político, ninguna decisión externa que vaya a llevar a que este país resuelva sus problemas de paz y reconciliación por sí mismo".

Desde ese punto de vista, reiteró que hay "desconcierto e incomprensión" porqe alguien quiera juzgar no sólo a Pinochet sino al conjunto de la sociedad chilena. "Hay formas de mirar en España su propio pasado que, sin duda, quieren mirarse como en un espejo en este proceso chileno y en la imagen del general Pinochet".