El portavoz de la asociación Jueces para la Demcracia (JpD), Ricardo Bodas, tachó de "prepotente" a Matutes e instó al titular de Exteriores a reconducir su decisión y llevar adelante las iniciativas de la Audiencia Nacional.

"El señor Matutes lo que está haciendo es reconociendo que su decisión tiene como fundamento evitar cualquier tipo de conflictividad con el Gobierno británico y con el Gobierno chileno y los gobiernos del entorno, según él", dijo Bodas a Servimedia.

El portavoz de JpD considera que el ministro de Exteriores está retandoGarzón a plantear un conflicto jurisdiccional que "carece por completo de sentido y acredita una prepotencia digna de mejor causa".

CUMPLIR LA CONSTITUCION

Adrián Salazar, presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), dio también la razón a Garzón y adujo que lo que está haciendo el Gobierno español es "incumplir lo que la Constitución le ordena, que es dar cumplimiento a las resoluciones judiciales y colaborar con la Administración de Justicia".

Por contra, agregó, en declaraciones a ervimedia, lo que hace el Ejecutivo es "aliarse con una decisión política que intenta, evidentemente, evitar que el señor Pinochet sea extraditado a España y sea juzgado por los graves delitos que se le imputan".

El portavoz de la Asociación de Fiscales (AF), Martín Rodríguez Sol, aseguró que entiende y comparte las razones de Garzón y añadió que sería deseable poder llegar a conocer el dictamen médico que impide la extradición a España del general, cuyo "secretismo" no es comprensible desde el mundo e la justicia.

Rodríguez Sol expresó a Servimedia sus dudas sobre el hecho de que el conflicto entre Garzón y Matutes llegue al Tribunal Supremo, como ha indicado el ministro, pero confió, en cualquier caso, en que "se pueda realmente al final hacer justicia, sin interferencias políticas".

Por su parte, José Luis González Armengol, portavoz de la asociación de jueces Francisco de Vitoria, manifestó que la insinuación de Matutes de que tal vez debería ser el Tribunal Supremo el que resolviera su plémica con Garzón es sólo "palabrería".

En declaraciones a Servimedia, González Armengol admitió que tanto Garzón como Matutes están legitimados para plantear cuestiones de competencia en este asunto si hay interferencias en un terreno u otro, pero calificó esta polémica de "fuegos de artificio", ya que la última palabra la sigue teniendo Gran Bretaña.

A su juicio, el Gobierno ha actuado en este caso con mucha sutileza, pero al final "se le ha estrechado el camino" y han quedado al descubierto su intenciones, que desde un principio estaban muy claras. "Aquí siguen primando, por desgracia, los intereses económicos y comerciales sobre la protección de derechos humanos", subrayó.

OBSTINACION

Finalmente, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), José Luis Requero, pidió a Garzón que no se obstine en el "caso Pinochet" y en su deseo de que el general sea extraditado a España, y le recordó lo que le sucedió a Javier Gómez de Liaño por actuar con la misma insistencia en otos sumarios, en referencia a su expulsión del mundo de la judicatura por su irregular actuación en el "caso Sogecable".

En declaraciones a Servimedia, Requero se mostró de acuerdo con la postura de Matutes, en el sentido de que, si existe un problema jurídico, debe resolverlo la Sala de Conflictos Jurisdiccionales del Tribunal Supremo, y expresó su confianza en que Garzón comprenda finalmente lo que es un proceso de extradición y que la última decisión es de carácter político.