En este sentido, la formación política requerirá al ministro español que explique la doctrina de derechos humanos de su ministerio y "cómo encaja ésta con la defensa del derecho de las víctimas espaolas en relación al cumplimiento del artículo 10 de la Constitución", que indica que ese derecho de las víctimas "se interpretará de conformidad a los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España".

Además, se le preguntará sobre "el daño que su decisión va a ocasionar a la reputación internacional de España en relación con la aplicación práctica y concreta del Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos".