Herreros explicó que el conflicto que lantea la extradición de Pincohet es judicial y no político, entre Inglaterra y España, donde el Gobierno español no tiene nada que decir. "Es absolutamente inútil, desde el punto de vista jurídico, que Chile se dirija al Gobierno español, puesto que le corresponde exclusivamente a la justicia y no a los gobiernos la interpretación y la aplicación de las leyes para la extradición de Pinochet. Pero no nos extraña que Chile no lo entienda puesto que allí no existe una división real de poderes", agregó.

Para que sea posible el arbitraje", indicó Herreros, "el Gobierno chileno debe dirigirse a la Corte Internacional de Justicia de La Haya y poner formalmente allí una denuncia que indique donde se ha aplicado mal la 'Convención contra la Tortura', hecho que es muy dícil de explicar, puesto que la justicia británica ha obrado correctamente en la aplicación de este convenio internacional, y porque la defensa de Pinochet equivocó su estrategia en octubre cuando los abogados del ex dictador aceptaron desde el pincipio un reconocimiento de los delitos de los que era acusado el criminal Pinochet jugándoselo todo al supuesto de que como ex jefe de Estado gozaba de inmunidad y, por tanto, no podía ser juzgado".