Tras su entrevista con el titular de Exteriores español, Abel Matutes, Insulza explicó que su Gobierno es totalmente contrario a que Pinochet sea juzgado por los tribunales de otros países, y defendió la creación de un Tribunal Penal Internacional que entienda de los delitos contra los derechos humanos.

Insulza indicó que el ex general chileno retenido en Londres no goza de inmunidad en su país sino que, como senador vitalicio, es "aforado" y esa condicón puede ser levantada tras un proceso que permitiría un juicio en la Corte Suprema.

A pesar de sus razonamiento a favor de la devolución de Pinochet a Chile, dijo que no está en condiciones de garantizar la celebración de un juicio en su contra porque eso significaría comprometer la soberanía de su país frente a terceros.

El ministro chileno pidió desde España respeto por el proceso democrático en su país, que se desarrolla desde hace 9 años, y respeto también por la capacidad de sus institucions judiciales para juzgar al ex dictador.

Afirmó su fe en la democracia española y en el sistema judicial, pero reiteró que este asunto está "altamente politizado" en nuestro país, como se deduce del hecho de que un hombre con la edad y el estado de salud de Pinochet "ya estaría en su casa" si fuera otra persona.

Insulza dijo que en sus conversaciones con los Ejecutivos británico y español no ha recibido ninguna "oferta" concreta que le permita pensar que Pinochet va a ser devuelto a su país, aunqe dijo contar con "indicaciones positivas" que no quiso precisar.

El representante del Gobierno de Eduardo Frei aseguró que el Ejecutivo chileno no correrá con los gastos de defensa del general y descartó que a su salida de la clínica en la que se encuentra pueda alojarse en la embajada chilena. "Se alojará en una residencia particular que no pertenece ni pertenecerá al Estado chileno, ni goza, ni gozará de inmunidad diplomática", aseguró.

En cuanto a las relaciones entre Chile y España, Insulza ijo que atraviesan un momento complicado, pero aseguró que su Gobierno no adoptará represalias contra nuestro país o Gran Bretaña si finalmente se produce la extradición.

Sin embargo, el ministro chileno indicó que las relaciones entre dos países son de muy diversa índole y no todas están regidas por la acción de las instituciones, por lo que dijo que su Gobierno no puede garantizar la continuidad de todas ellas.