Piqué puntualizó que la función del Gobierno en este asunto no es "autorizar" la petición hecha por el juez Baltasar Garzón sino la de "ser mero correo de la decisión de los jueces".

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, explicó que desde la detención de ex ditador chileno ha mantenido contactos "casi a diario" con representantes del Gobierno del país andino para explicarles la posición del Ejecutivo Aznar y preservar las "fraternales relaciones" entre ambos países.

Matutes insistió reiteradamente en que el proceso contra Pinochet es un asunto puramente judicial que no debe tener lectura política alguna en un país que, como España, tienen sólidamente asentada la separación de poderes.

Según dijo, la voluntad del Gobierno del PP es "ser escrupulasament respetuoso con la leyes" y "preservar las históricas relaciones de hermandad entre Chile y España".

"El Gobierno español", aseguró Matutes, "tiene que cumplir las leyes, tanto si gusta como si disgusta", argumento con el que trató de eliminar la pusible carga política que pudiea derivarse de la extradición de Pinochet.

Sobre las recientes agresiones a españoles residentes en Chile, el titular de Exteriores expresó la preocupación del Gobiernoy su deseo de que queden en sucesos "excepcionales" ue es lo que han sido hasta ahora.

Matutes explicó que el Ejecutivo español quiere ser extremadametne prudente y delicado "en defensa de los intereses españoles" y con el fin de no contribuir a mayores divisiones en el seno de la sociedad chilena, al tiempo que desea que no haya repercusiones sobre las inversiones en ese país.