"El Gobierno no cesará al fiscal general del Estado por el hecho de haber decidido una interpretación legítima de la legislación española en concordancia con sus atribuciones constitucionales y legales", afirmó.

El diputadosocialista Juan Alberto Belloch reclamó el cese de Cardenal, del que dijo que durante su carrera profesional "no se ha mojado ni en la ducha", mientras que en este caso "se ha tirado a la piscina" para defender jurídica y políticamente a Pinochet.

A los socialistas les preocupa "el posicionamiento político" del fiscal como "defensor objetivo de la dictadura del general Pinochet", más que su criterio jurídico porque pone en entredicho el prestigio de las instituciones y de España.

Aznar se declarórespetuoso con las decisiones del poder judicial y consideró un "grave error" el intento de politizar un asunto que compromete las relaciones exteriores de España y su compromiso con las democracias latinoamericanas.

El presidente contrataatacó a los socialistas a los que recordó que el 18 de abril de 1996, el fiscal general del Estado, bajo mandato del PSOE, se mostró contrario a la competencia de la Audiencia Nacional para investigar de presuntos delitos por asesinato y genocidio en Argentina.

nsistió en que la Fiscalía no ha recibido ninguna orientación del Ejecutivo "de carácter político", a diferencia de lo que, a su juicio, ocurrió durante la etapa socialista y destacó que España apoyó el estatuto del Tribunal Penal Internacional.

Asimismo dijo que el Ejecutivo que preside "comparte la condena, no de la dictadura chilena sino de todas las dictaduras", a la vez que defendió la posición del Gobierno. A su juicio, el Gabinete "ha estado en su sitio, los tribunales han actuado libremente y u señoría (Belloch) también ha estado en su sitio, es decir, metiendo la pata".

Por su parte, el diputado de IU Felipe Alcaraz acusó al presidente de "incoherencia" y le pidió que se pronuncie claramente sobre la dictadura regida por Pinochet porque, en caso contrario, se habrá situado "sobre la linea divisoria, ni en un lado, ni en otro".

Aznar defendió la validez de los derechos individuales y dijo que "no le cuesta ningún trabajo expresar su rechazo y su repugnancia hacia cualquier régimen autritario".

Finalmente, el presidente puntualizó que "la obligación del Gobierno español y de esta Cámara es colaborar con los países que están realizando esa transición y este Gobierno cumple con su obligación de contribuir a que se consolide la democracia en Chile".