El ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes,destacó que la resolución dictada hoy reconoce "las facultades del ministro de Interior británico para interrumpir la extradición" y, por tanto, reiteró el caracter político del proceso.

Pese a ello, Matutes reveló que su departamento va a dar tralado al juez de toda la documentación que llegue de Londres y que tramitará en el plazo legal de siete días las alegaciones que el magistrado estime pertinente hacer.

Las partes en este proceso podrán hacer llegar sus textos que serán analizados y valoraos por el ministro de Interior, Jack Straw, quien, a la vista de su argumentación, tomará la decisión definitiva sobre el caso.

El Ejecutivo español descarta absolutamente recurrir la decisión que en última instancia tomará Jack Straw, que tiene "amplísimas facultades discrecionales" sobre este asunto.

Según Matutes, y pese a las críticas de obstruccionismo que ha recibido por parte de la oposición, ahora es ""necesario y apropiado" que el juez Garzón conozca los informes para hacer las alegacions pertienentes. Esta postura se adopta en Exteriores tras la negativa a tramitar varios documentos que Garzón envió al Ministerio de Justicia para su traslado a Londres.

El ministro explicó que en ningún caso se siente "en ridículo" por la decisión del Tribunal Superior de Londrés y reiteró que, a juicio del Gobierno español, el caso sigue estando en el terreno político, y no jurídico.

"Mientras la decisión esté en manos del ministro Straw no estamos en el ámbito jurisdiccional, sino en el ámbitopolítico administrativo", aseguró.