En el maor escrito de extradición jamás redactado por la Justicia española, compuesto de 367 folios y de abundante documentación, Garzón realiza una exhaustiva descripción, con fechas, nombres y otros datos, de las presuntas actividades delictivas que se cometieron en Chile en la época en la que Pinochet dirigió este país.

La solicitud se basa en la imputación al ex dictador de los delitos de genocidio, terrorismo y torturas, que afectaron a más de 3.000 personas, y rechaza la pretensión de las autoridades brtánicas de conceder a Pinochet la inmunidad de la que goza un ex jefe de Estado, para lo que cita numerosa jurisprudencia internacional.

PLAN CRIMINAL DE TERROR

Garzón considera que Pinochet, en contacto con otros responsables militares y civiles de países del Cono Sur americano "crea y lidera una organización delictiva internacional cuya única finalidad será conspirar, desarrollar y ejecutar un plan criminal sistemático de detenciones ilegales, secuestros y torturas seguidas de la muerte de la persna".

Según el juez, la única intención de esta actividad es "alcanzar una serie de objetivos político-económicos que (...) consigan instaurar el terror en la población".

"De esta forma el objetivo principal de los conspiradores es la destrucción parcial del propio grupo nacional de Chile integrado por todos aquellos que se les oponen ideológicamente, a traves de la eliminación selectiva de los líderes de cada uno de los sectores que integran el grupo", insiste el juez.

Garzón califica de "deeznable" el trato que reciben los detenidos y relata la crueldad de algunas de las torturas que reciben en los numerosos campos de represión y exterminio distribuidos por Chile y Argentina.

En los citados centros se realizaron "técnicas variadas", según el juez, que van desde los "simples golpes violentos y continuados hasta producir fracturas y derramamiento de sangre, además de mantener a los detenidos tumbados, desnudos, bajo luz constante, o con la cabeza cubierta con capuchas".

Describe cómolos prisioneros eran introducidos en cubículos de 70 centímetros de ancho y dos metros de altura, donde permanecían largo tiempo, así como la aplicación de electrodos "en testículos, lengua y vagina" y "otros refinados métodos de tortura".

Además, asegura que "las torturas eran vigiladas y dirigidas por médicos encapuchados, que atendían a las víctimas para que éstas no llegaran a morir a causa de aquellas", por lo que el sufrimiento podía alargarse durante varios meses.

PRIVILEGIOS

Garzón rechza rotundamente que el general Pinochet pueda ser tratado como un aforado y disfrute por ello de los privilegios de un ex jefe del Estado, e incluso reprocha a las autoridades británicas que le consideren así.

Dedica más de 10 folios a citar jurisprudencia y extractos de tratados internacionales en los que se niega el asilo y la protección a los causantes de genocidios y crímenes contra la humanidad, y recuerda a los británicos que en toda su historia nunca un ex jefe de Estado ha gozado de estos beneicios.

Garzón cita el caso de la reina María Estuardo, que fue detenida en Londres a finales del siglo XVI y la Cámara de los Lores denegó su inmunidad como soberana, por lo que fue ejecutada por decapitación. También cita el caso de Rudolf Hess, que fue retenido en suelo británico y extraditado a Alemania, donde fue condenado a cadena perpetua por el Tribunal de Nuremberg.

Finalmente, recuerda que Pinochet se erigió en jefe de Estado tras derrocar por la fuerza a un gobierno democrático y que lo crímenes que se le imputan están recogidos en el Derecho Internacional, al que deben someterse las autoridades británicas.

PRESIONES POLITICAS

El juez español dedica un amplio espacio de su solicitud de extradición a demostrar que los hechos por los que se juzga a Pinochet constituyen un claro delito de genocidio, que no prescribe nunca y que es internacionalmente perseguible, según los tratados firmados por los países democráticos.

"El genocidio constituye el crímen último, la violación más gave de los derechos del hombre que es posible cometer", dice Garzón citando el "Informe Whitaker", estudio elaborado por Naciones Unidas para prevención y represión del genocidio.

En este sentido, el juez insiste en que "la obligación de la comunidad internacional debe ser descubrirlo y perseguirlo, y sancionarlo adecuadamente sin que presiones políticas de ningún estamento o Gobierno puedan abrir la puerta a la impunidad, porque con ella se alentarían la ejecución de nuevos actos criminales que la huanidad repudia y rechaza".

Así, subraya cómo Pinochet se dedicó a perseguir un grupo homogéneo que era el que mantenía ideas políticas y religiosas contrarias a las que el régimen pinochetista instauró por la fuerza en Chile.

En cuanto a la competencia española, Garzón cita la decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de aceptar esa competencia y, en contra de la opinión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, recuerda que los delitos supuestamente cometidos por Pinochet se puedenenmarcar con claridad en el artículo 607 del Código Penal español, que relaciona los delitos contra la Comunidad Internacional.

Durante todo el fin de semana, casi una decena de personas que componen el servicio de traductores de la Audiencia Nacional ha estado trabajando para que hoy estuviera lista la traducción de la solicitud de extradición, que ya ha sido remitida al Ministerio de Justicia.

Ahora, el Ministerio elevará un informe al Consejo de Ministros (sin que exista plazo para este trámit), que, de acuerdo con lo anunciado por el presidente del Gobierno, José María Aznar, se limitará a tramitar la extradición a las autoridades británicas. No obstante, el Gobierno tiene autoridad para paralizar el trámite e incluso rechazarlo, como ya ha ocurrido en algunos casos de solicitud de extradición de miembros de ETA.